Era el penúltimo día de campaña electoral y los partidos se afanaban en el ‘sprint final’ antes de las elecciones municipales. El tranvía había sido arma electoral para unos y otros y no se había bajado de los ‘escenarios’ en los mítines ni una sola vez. Llevaba dos semanas circulando en pruebas gratuitas, sumando más de 56.000 viajeros y siendo el centro de atención de viandantes y conductores. Y llegó la paralización. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento reciben la notificación del auto del juez del Contencioso-Administrativo número 1 de Jaén por el que se pedía suspender la gratuidad en las pruebas. Era tan sólo el principio de una larga historia de enfrentamientos políticos y duras polémicas.
El equipo de gobierno, de PSOE e IU, no tenía margen de maniobra. Tras la durísima derrota en las urnas, mientras estaban en funciones intentaron, al menos, reanudar la marcha y se plantearon alternativas: con sacos de arena o, incluso, con bidones de agua. Todo para evitar una gratuidad que el juez había rechazado. Sin embargo, surgieron problemas como el del suministro de luz que no permitieron hacerlo antes de la toma de posesión del equipo de gobierno del PP.
La llegada de los ‘populares’ dejó en el aire el futuro del tranvía. El alcalde se afanó durante los primeros días en insistir en que su prioridad era analizar toda la documentación. Y tras ese periodo sacó a relucir el primer argumento que utilizó en la ‘batalla’ con el Gobierno andaluz: la financiación. El coste de los vagones -adjudicados a Alstom por 26 millones de euros- y de la adjudicación tenía que ser compartido con la Junta. En un primer encuentro en Sevilla no hubo acuerdo sobre la fórmula, mientras que otras opciones municipales fueron rechazadas desde Obras Públicas.
Mientras el Ayuntamiento buscaba ‘socios’ privados que se hicieran cargo de la infraestructura sin éxito, llegó el segundo argumento: las deficiencias técnicas de la obra. Y entró a escena la polémica sobre la recepción de las obras.
En estos primeros meses del año 2012 hubo cambios que invitaban al optimismo. La aprobación en pleno municipal de algunos trámites pendientes, el acuerdo con Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña para hacer una auditoría técnica o, hace un par de días, el plan para que el reinicio de las pruebas sea una realidad el próximo mes de junio.
Este es el último capítulo de una rocambolesca historia en la que cinco tranvías siguen guardados bajo llave en cocheras y una infraestructura de 100 millones aguarda para ser utilizada.
Sin noticias aún de la fórmula de explotación
No hay noticias sobre la explotación. Primero se analizó la posibilidad de que fuera el Ayuntamiento quien se hiciera cargo, algo que fue descartado por el alto coste para unas arcas municipales casi vacías. Después se trató de formar una macroconcesión con varias empresas privadas -entre ellas Autobuses Castillo, Gea21 o Alstom- y no salió adelante.
En un cambio de estrategia del equipo de gobierno, se consiguió el acuerdo con Ferrocarriles de Cataluña para que hiciera un estudio económico con un compromiso de quedarse con la explotación. Este último aspecto aún no está claro, aunque es lo que trasladó el equipo de gobierno municipal al grupo de alumnos del tranvía. Sin embargo, siguen sin conocerse las fórmulas que se barajan.
