La Sección Segunda de la Audiencia de Granada tiene previsto enjuiciar desde este lunes a una mujer acusada de pertenecer a una organización criminal que procuraba documentación e identidades falsas a extranjeros de países del este de Europa para que pudieran salir de ellos y trabajar en el extranjero a cambio de cantidades que oscilaban entre los 10.000 y los 15.000 euros.
La Fiscalía ha solicitado para la acusada, de nacionalidad búlgara, once años de prisión por la presunta comisión de un delito de inmigración ilegal con pertenencia a organización criminal y de otro de falsedad en documento oficial y mercantil en el marco de esta causa, en la que hay varios acusados declarados en rebeldía, entre ellos, su pareja y cabecillas de la banda, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
Esta organización se dedicaba a contactar con personas con escasos recursos y situaciones familiares económicas difíciles, en distintos países del este de Europa, no pertenecientes a la Unión Europea, especialmente Albania. Aprovechándose de esta situación de vulnerabilidad les ofrecían procurarles documentación falsa, inmigrar al extranjero, y tras cobrarles hasta 15.000 euros por persona, les proporcionaban pasaportes falsos de países como Australia, Italia y Grecia, con identidades falsas.
También les gestionaban billetes de avión a través de una agencia de viajes que la organización tenía en Barcelona, de modo que trasladaban a estas personas a España como país de tránsito y luego los escondían en pisos patera hasta que preparaban todos los documentos falsos para enviarlos a lugares como Canadá, Reino Unido, USA y Australia para trabajar.
La acusada era la encargada de gestionar la citada agencia de viajes junto a su novio y ambos eran los que proporcionaban los billetes de avión que les pedían los jefes de esta organización criminal, también declarados en rebeldía, a los nombres que ellos les solicitaban, pese a saber que tales nombres y la documentación eran falsos
El fiscal solicita para ella ocho años de prisión por el delito de inmigración ilegal con pertenencia a banda criminal y otros tres años por falsedad en documento oficial y mercantil, además de una multa de 10.800 euros.
