Un mes. Ese es el plazo justo que a partir de este viernes le queda a Pedro Sánchez para lograr su investidura como presidente del Gobierno y a los españoles para saber si tendrán que volver a las urnas el 14 de enero.

Todos los mensajes que se lanzan desde Moncloa, el PSOE y Sumar descartan la repetición electoral, afirman que se reeditará el Gobierno de coalición y que Sánchez conseguirá el aval del Congreso antes del 27 de noviembre, la fecha límite para ello al cumplirse dos meses de la primera votación fallida para investir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Un paso esencial para lograrlo era el acuerdo que se daba por hecho desde el principio entre los socialistas y la formación encabezada por Yolanda Díaz y que fue rubricado esta semana con un compromiso programático para el futuro Ejecutivo de coalición.

Desde el PP y el independentismo catalán se advirtió de que ese texto será papel mojado si no consiguen otros pactos que sumen los suficientes apoyos para la investidura, pero sus firmantes están convencidos de que a partir de ahora llegarán en cascada.

Falta confirmarlo y en qué orden. En la fila esperan Junts, ERC, PNV, EH Bildu y BNG, con Coalición Canaria en un segundo plano porque este partido ha dejado entrever que como máximo pueden conseguir de su diputada una abstención.

Obstáculo independentista

Sólo la formación abertzale ha dado muy explícitamente su respaldo, y el resto afirma estar a la espera de las negociaciones, con los soberanistas de Cataluña, a priori, como el obstáculo más difícil de salvar.

Sánchez ha impuesto el silencio entre los suyos respecto a la marcha del diálogo y nada consiguen los periodistas de su boca más allá de que, tal y como dijo esta semana en Bruselas, su investidura está más cerca.

Eso pasaría por una ley de amnistía sobre la que sigue asegurando que será transparente y dará todas las explicaciones cuando toque. Y cuando toca dice que será tras haber logrado el apoyo de Junts y ERC al interpretar que no tiene sentido hacerlo antes.

Las pistas tampoco llegan desde la otra parte, aunque sí las voces que rebajan el optimismo sobre una investidura inminente. Entre ellas las que desde la Generalitat y ERC han venido afirmando esta misma semana que el pacto está aún lejos de sellarse y que no hay avances en cuestiones como el traspaso de Rodalíes o la mejora de la financiación.

"No vamos bien", advirtió el president, Pere Aragonès, encabezando un malestar que ERC trasladó cara a cara en Barcelona este jueves a uno de los negociadores socialistas, el ministro Félix Bolaños.

Los recordatorios que Carles Puigdemont lanza periódicamente sobre sus posiciones, como el último en el que recalca que Cataluña es una nación y su independencia es la única manera de seguir siéndolo, no contribuyen a facilitar la labor pedagógica que los socialistas preparan para explicar el hipotético acuerdo con Junts.

Pese a esas señales de alarma, Ferraz ha llegado a apuntar a la semana que comienza el 6 de noviembre como posible momento para que la presidenta del Congreso, Francina Armengol (a la que el PP está presionando para que deje de demorar el debate de investidura), convoque la sesión en la que Sánchez intente ser elegido.

Pero hay factores que abonan la tesis de que pueda posponerse aún más.

La incógnita de la fecha

Los socialistas deben consultar a su militancia sobre el acuerdo al que han llegado con Sumar en una fecha que decidirá este sábado el Comité Federal del partido, pero también ERC debe preguntar a la suya si apoya a Sánchez.

Y Junts, que ya conoce el rechazo de las bases del Consejo de la República a respaldar esa investidura, tiene intención de pedir la opinión de sus afiliados previo aval de sus órganos competentes. Todo ello necesita tiempo.

Puigdemont (que junto a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat será juzgado el 17 de noviembre por el Tribunal de Cuentas por el supuesto desvío de dinero público al procés) pidió una ley de amnistía para el sí de Junts.

Siendo imposible ya que esté aprobada antes de la investidura, debe decidir si se conformaría con un compromiso verbal, si le valdría que esté presentada la iniciativa para ello en el registro del Congreso o que esté admitida a trámite por la Mesa de la cámara. Alguna de esas opciones pueden provocar más retraso.

Además, entre el 6 y el 8 de noviembre los reyes tienen un viaje de Estado a Dinamarca. Nada impide que el debate de investidura se celebre con Felipe VI en el extranjero, pero sí debe comunicarle oficialmente Armengol al término del mismo (y a la espera de si se necesitan una o dos votaciones) si el candidato ha sido elegido.

Si lo ha logrado, el Boletín Oficial del Estado tendría que publicar el correspondiente decreto de nombramiento, firmado por el monarca, y Sánchez prometería su cargo en el Palacio de la Zarzuela.

Por tanto, el viaje de los reyes complica los trámites en esas fechas, a lo que se añade que el 10 y 11 de noviembre se celebra en Málaga el Congreso de los socialistas europeos al que acudirá Sánchez.

Fuentes del PSOE insisten en que les gustaría llegar a esa cita con Sánchez reelegido, pero asumen que el calendario entorpece el objetivo.

Sin renunciar a ello, porque ven posible una precipitación de los acontecimientos, resaltan que lo importante es el resultado, no lo que se tarde en lograrlo.

Pero sí aspiran a que no haya que apurar los plazos y generar una tensión que consideran innecesaria con una votación en el último minuto. Y el último es el último, como podría decir Sánchez con la lógica de la frase que repite ante la negociación: nada está acordado hasta que todo esté acordado. En esto no tiene prórroga.