Dos notas simples de 2023 y 2024 del Registro de la Propiedad nº 54 de Madrid, cuya titularidad recaé en Pablo Guillermo Durán de la Colina, aseguraban que la una finca de 1,2 millones de metros afectada por la operación de Madrid Nuevo Norte aparecía inscrita como “Finca Registral nº 103.237 inscrita en el Registro de la Propiedad nº 54 de Madrid, Tomo 3.342, Libro 187, folio 150”, según publica el periódico OKDiario. Así, hasta el 11 de abril de 2024 esa finca existía según el registro, pero apenas unos días después   Adif desveló que esa finca ya no existía. En un escrito del 26 de abril, la empresa pública dijo que ese suelo se había dividido en 18 fincas independientes, y como prueba aportó imagen de una nota simple fechada el 19 abril.

Por esta desaparición, y como afirma OKDIARIO, los reversionistas afectados por los terrenos de Madrid Nuevo Norte, agrupados en la Asociación No Abuso y con el Grupo Baraka, han decidido poner una reclamación contra Pablo Guillermo Durán de la Colina, titular del Registro de la Propiedad nº 54 de Madrid, por la «desaparición» de esa finca de 1,2 millones de metros cuadrados que ahora está en manos de BBVA, tras una adjudicación realizada por Adif en la que se reconocían sus derechos sobre el terreno, y que los afectados reclaman. Además, denuncian que el registrador canceló los derechos de reversión sobre esa finca a petición de Adif, que no tenía ninguna potestad para hacerlo.

Ni la Asociación No Abuso ni el Grupo Baraka entienden cómo y porqué el Registro separó esa finca en 18 parcelas justo una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pidiera que se pusieran sobre ella unas medidas cautelares para evitar precisamente esa situación.

En el escrito enviado a Pablo Guillermo Durán de la Colina, le anuncian que exigirán la responsabilidad civil que corresponda por las presuntas irregularidades por lo ocurrido con la finca.

Los afectados apuntan a que el Registro de la Propiedad número 54 de Madrid ha podido incurrir en presuntas irregularidades puesto que la finca de 1,2 millones dejó de existir tan sólo una semana después de que el TSJM dictase medidas cautelares sobre ellas.

Tanto la cancelación de sus derechos tras una petición de Adif, sin competencia, como la segregación de la finca en 18 distintas tenían que pasar por el Registro de la Propiedad, y por lo tanto por Pablo Guillermo Durán.

La justificación del registro fue que no había actualizado una petición de hace tres años solicitando la división de la finca, algo que para la Asociación No Abuso y para Baraka resulta muy difícil de creer y le hacen saber al registrador que o está mintiendo o, lo que es peor, no ha realizado su trabajo en tres años.