La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este martes una nueva sesión del juicio por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de la explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis; con la comparecencia como testigo de un responsable de la empresa Emerita Resources España, denunciante del caso tras pujar sin éxito por los derechos de gestión de este recinto minero; que ha corroborado las tesis del presidente de esta entidad respecto a que el acusado Mario López Magdaleno dijo tener "la llave del concurso".
Durante su comparecencia como testigo, este geólogo que ocupa un cargo directivo en Emerita Resources España, Juan Luis Álvarez, ha asegurado, como lo hiciera el día
previo Joaquín Merino como presidente de la entidad; que el acusado Mario López Magdaleno, presidente de Magtel, empresa matriz de Minorbis; acudió personalmente a la sede de Emérita cuando ambas entidades pujaban ya por los nuevos derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada tras la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesados cuando el recinto era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
En concreto, para hacerse con tales derechos competían las ofertas de Minorbis, filial del grupo andaluz Magtel que pujaba con el apoyo de solvencia de Grupo México; y de Emerita Resources, perteneciente al fondo de inversión Forbes & Manhattan y que tras no ganar el concurso denunció el asunto por la vía Penal, asegurando que su propuesta era superior en lo económico; así como también por lo Contencioso Administrativo.
En ese marco, este responsable de Emerita ha narrado que quedó muy "sorprendido" al presenciar la llegada de Mario López Magdaleno a la sede de esta empresa con la cual este competía por la adjudicación de los nuevos derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, relatando que el mismo se reunió con Joaquín Merino.
El supuesto comentario de "la llave"
Según ha asegurado, desde su despacho pudo escuchar la conversación entre ambos y cómo Mario López Magdaleno ofrecía a Merino que Minorbis y Emerita presentasen una oferta conjunta, con el supuesto aviso de que él tenía "la llave del concurso". Además, ha señalado que el presidente de Magtel habría pedido presuntamente a su homólogo de Emerita "el 15 por ciento" del negocio exclusivamente por "asegurar el concurso", es decir el resultado del mismo.
Según ha relatado corroborando los aspectos de la anterior comparecencia del presidente de Magtel, Mario López Magdaleno habría finalizado su reunión con el primero anunciándole de que le iban "a llamar" en el sentido de sus propuestas, tras lo cual según su narración desde las ventanas de la oficina habría observado como ya en la calle, López Magdaleno realizaba unas llamadas de teléfono.
Fue después, según su relato, cuando se percató de que tras las conversaciones telefónicas de López Magdaleno en la calle, el presidente de Emerita recibía una llamada de teléfono del acusado Vicente Cecilio Fernández Guerrero, entonces secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo, quien según ha dicho llegó a "invitar" en dos ocasiones a Emerita a alcanzar un acuerdo con Minorbis para una propuesta conjunta entre ambas entidades.
El "farol" y el "peso" de López Magdaleno en el concurso
No obstante, ha reconocido que él no escuchó las palabras de Vicente Cecilio Fernández Guerrero en aquella conversación por teléfono de Merino y ha admitido que "puede ser" que Mario López Magdaleno plantease "un farol" al presidente de Emerita. "Lo que me llega es que Mario López tenía mucho peso en la adjudicación del concurso", ha manifestado.
Además, y a preguntas de las defensas, este directivo ha asegurado que pese a lo expuesto, él no interpuso denuncia alguna ni advertencia porque era algo que correspondía "a la dirección" de Emerita, toda vez que Joaquín Merino, a la hora de comparecer en el juicio, atribuyó al presidente de Magtel un supuesto intento de "extorsión" pero manifestó que sólo interpuso su denuncia tras la resolución del concurso en favor de la oferta de Minorbis-Grupo México.
Este responsable ha garantizado además que antes de comparecer en el juicio y corroborar las tesis del presidente de su empresa, "no" había hablado con el mismo con relación al devenir de la vista oral.
Una técnica ve "escueto" el análisis para la mina de Aznalcóllar pero señala igualdad en el trato
Por otro lado, el juicio también ha contado con la comparecencia como testigo de la analista de inversiones Pilar Trujillano, quien ha considerado "escueto" el tiempo y cotejo de las propuestas económicas que concurrían al concurso, si bien ha señalado que hubo "igualdad" de tratamiento.
Durante su comparecencia, esta técnico analista que a la fecha de los hechos formaba parte de la empresa de capital de riesgo Invercaria, participada por la Junta de Andalucía, ha narrado que desde la Administración andaluza le fue ordenada su participación en dos reuniones relativas al concurso promovido por la Junta para adjudicar los nuevos derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, al que concurrieron sólo dos ofertas.
Esta testigo ha manifestado, en ese sentido, que le fue encomendado asistir a tales sesiones, una de ellas una reunión de la mesa de contratación para la apertura de los sobres económicos de las dos propuestas, para "solventar las dudas" que pudiesen plantear en materia económica los funcionarios encargados del concurso. Al respecto, esta técnico analista de inversiones entonces miembro de la plantilla de Invercaria ha insistido en que su misión era responder las "dudas" que pudiesen plantear los citados funcionarios, exponiendo que tan sólo le formularon "tres o cuatro" cuestiones y de manera "muy escueta", limitándose ella a responder tales aspectos, que versaban a su juicio sobre "cosas bastante evidentes".
Y especialmente, ha manifestado que a su entender, en una reunión "de dos horas" como una de las que ha mencionado "no se podría dictaminar" sobre la solvencia económica o no de una propuesta empresarial, si bien ha reconocido que desconocía la cualificación concreta de los funcionarios, así como los requisitos del concurso; y que para un dictamen así podría influir las "magnitudes" aportadas por Grupo México al esgrimir directamente fondos propios por valor de 10.000 millones.
En ese sentido, manteniendo su visión de que "en dos horas" ella no podría realizar un dictamen de solvencia económica de la entidad, ha manifestado finalmente que tampoco podría "asegurar" como tal y a todos los efectos que la mesa de contratación "no tuviese tiempo" para analizar la documentación de las propuestas y evaluarla, señalando las defensas el acta de la reunión, según la cual la misma se habría prolongado durante unas cinco horas y media.
A preguntas de las defensas, Pilar Trujillano ha manifestado además que en su participación en tales reuniones, no escuchó ningún comentario de los funcionarios que le indujese a pensar en algún tipo de predisposición en favor de la oferta de Minorbis y Grupo México; constatando además que dichos empleados públicos siguieron la misma metodología con las dos propuestas empresariales en liza, con "igualdad" de trato.