"La primera lección de economía es la escasez: nunca hay suficiente de nada para satisfacer a todos los que lo quieren. La primera lección de la política es ignorar la primera lección de la economía”. Thomas Sowell.

No hay muchos asuntos en los que PP y PSOE estén de acuerdo y lo reconozcan públicamente. Lo están en más cosas de lo que la gente cree, pero por tendencia nunca lo hacen público porque en el camino del desencuentro está el roto y, en él, el voto. Una muestra es un parlamento europeo en el que van de la mano en casi todos los asuntos de relevancia.

En España cuando se trata de hablar de financiación municipal todos abanderan el mismo discurso porque a todos afecta un modelo antiguo, injusto, mal encarado y del que nadie habla ni en un momento como el actual en el que la financiación autonómica está sobre la mesa y sería fácil sumar la situación financiera municipal, que es aquella más cercana al ciudadano al prestarle servicios esenciales, muchas veces fuera de sus competencias. Los alcaldes y concejales son como esa tropa de infantería que en la batalla arma la bayoneta en su fusil y se lanzan contra el enemigo y, por ello, arriesgan a pelo. Es curioso oír a alcaldes del PP y del PSOE quejarse de lo mismo, asentir cuando un adversario lanza una opinión, una propuesta, una idea que a todos, que conocen el terreno, les vendría bien; de hecho, de la política municipal la tendencia natural es salir hacia otra más elevada y calmada como es la que se hace en diputaciones, parlamentos, congreso o senado, donde la trifulca es solo con el adversario y no con los vecinos. El vecino acude al ayuntamiento para todo y eso es agotador, por eso solo alcaldes muy cafeteros aguantan en el cargo tipo Paco de la Torre en Málaga, un eterno.

El reparto de competencias entre las distintas administraciones públicas es un asunto que los ciudadanos, tras los 47 años de Constitución, aún no tienen claro, sobre todo las de las comunidades autónomas, de lo cual se benefician porque siempre tendemos a exigir los servicios y las responsabilidades al ayuntamiento y al Estado, aún no somos conscientes qué depende de las autonomías. Se demostró en la pandemia y ahora con la Dana de Valencia: ante una necesidad básica, el ciudadano se dirige a su ayuntamiento y para el resto piensa que es el gobierno central el paraguas del que depende. Mientras, los gobiernos autonómicos silban, sin recibir casi presión ciudadana.

La Ley de bases de régimen local que nació en 1985 determinó el listado de competencias municipales y los servicios esenciales y obligatorios según tramos de población. En base a ellos, en 1988 se aprobó la Ley reguladora de las haciendas locales que fijó el sistema de financiación. El legislador nunca pensó en que los ayuntamientos fuesen a dedicarse a casi todo tipo de actuaciones o que fuesen a destinar gran parte de los recursos en gastos de eventos festivos, deportivos o culturales. Tampoco pensó en que los consistorios fuesen a asumir competencias propias de la administración autonómica. El esquema de financiación fijado obedecía a la realización de los servicios asignados a los ayuntamientos. De este modo los ayuntamientos que han venido teniendo mayores problemas de financiación son los que sus distintos gobiernos municipales han decidido asumir servicios no obligatorios, cuyo coste no contaba con la necesaria financiación. Un ejemplo muy gráfico es el Circuito de Jerez, sobre el que pende una pregunta obvia: ¿qué hace un ayuntamiento teniendo un circuito? No hay otro que sea municipal y aunque el jerezano tiene participación autonómica, no es mayoritaria y los gastos de mantenimiento los asume el ayuntamiento, como asumió los de su construcción. De locos. 

Otro ejemplo pueden ser municipios que tienen instalaciones deportivas de primer orden, cuyo coste de mantenimiento resulta inasumible por el presupuesto municipal. Teatros con programaciones que no se autofinancian y qué decir de reparto de subvenciones a todo tipo de colectivos ciudadanos. No hay duda que el voto más fácil se consigue con políticas locales electoralistas que prescinden del impacto que suponen para las arcas municipales. Por esto, la asignatura pendiente es determinar de forma clara la delimitación de competencias y un mecanismo de control de la asunción de toda actividad o servicio que no resulta sostenible financieramente.

Tampoco el sistema de financiación local está pensado para la diversidad que existe en la planta municipal. Existen 8.132 municipios, de los cuales con menos de 1.000 habitantes hay 4.995. De más de 200.000 habitantes hay 31 y 65 de más de 100.000. Es lógico pensar que los problemas de gestión de unos y otros resultan frontalmente distintos. Lo mismo ocurre con la extensión territorial, no es igual la necesidad de un municipio como Cáceres, con 1.750,33 km2, a las de Lebrija, con 375,2. Y si la extensión va unida a la dispersión poblacional, añade otro elemento que encarece llevar los servicios municipales a toda la población. Tampoco está pensado el sistema de financiación para los municipios con poco territorio, los insulares, que tienen limitada su capacidad de crecimiento. En ningún caso se contempla el encarecimiento de los servicios por su obligado aumento en las ciudades turísticas, tanto en verano como en eventos. En este último caso se viene hablando de la tasa turística que tienen implantada Baleares, Cataluña y Galicia, permitiéndose en estas dos últimas que los municipios establezcan un recargo. En Andalucía el PSOE la propuso y fue rechazada por PP y VOX bajo el discurso de que lo que hay es que bajar impuestos, no establecer ninguno nuevo.

La necesidad del cambio de sistema de financiación teniendo en cuenta todos estos factores es un hecho. Pero no podemos llamarnos a engaño pensando que hoy por hoy el existente es insuficiente. Lo es para asumir más servicios y actividades municipales, pero no lo es para asumir lo que los ayuntamientos están obligados a afrontar. La prueba es que año tras año el conjunto de administraciones locales viene cerrando con superávit, cuando el de las administraciones autonómicas y la administración central lo hacen con déficit. Los datos demuestran que son los ayuntamientos en su conjunto los que mejor resultado presupuestario tienen. Otra cosa es que existan casos con situaciones financieras negativas arrastradas durante años en los que el gasto ha ido siendo muy superior al ingreso y se instaló una política de asunción de servicios y actividades de todo tipo, acostumbrando a los ciudadanos a tenerlos y, además, no subiendo los impuestos y tasas, lo que supone una dificultad para los sucesivos gobiernos municipales porque eliminar actividades resta votos y subir los impuestos aún más.

Jaén, Parla y Jerez son los tres municipios con peor situación financiera de España, con una deuda generada durante años, un nivel de gastos corrientes insostenibles para el volumen de ingresos que obtienen. El análisis que viene haciendo de ellos la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -AIREF- concluye que si mantienen constante las políticas de ingresos y de gastos que les ha llevado a esta situación ni en cien años hay posibilidad de retorno a la senda de la normalidad. Pese a ello, llama la atención que en Jerez se pretenda aprobar un presupuesto con un incremento de gastos generalizados; según el gobierno municipal, aumentarán los gastos sociales un 70 por ciento y los de los servicios públicos un 32,77. No parece que sean datos de uno de los tres ayuntamientos con peor situación financiera del país. Como tampoco parece lógico el aumento de gastos en las retribuciones de la plantilla municipal, con la firma de unos convenios que ya lo quisieran trabajadores de otras administraciones públicas y, aún más, de empresas privadas. Esta visión pública choca con la gestión municipal interna en Jerez, con el sindicato de técnicos y el de policía local que han empezado a avisar de su descontento y con fuga de técnicos hacia otros ayuntamientos cercanos.

Si el gobierno central va a condonar deuda a las comunidades autónomas como ahora abandera la ministra Montero, parece lógico que también lo haga con los ayuntamientos, eso sí, con unas medidas férreas de control para que no sigan con las mismas políticas de gastos sin límite y, es obvio, que los que vienen llevando a cabo una de contención del gasto y control de su deuda, que son la mayoría, también tengan su trozo de pastel -que al completo paga el ciudadano-, quizás incluso con derecho preferencial. No es justo premiar condonando deuda al que lo ha hecho mal y gravar al que lo ha hecho bien sin más, como tampoco lo es que el ciudadano trabajador y pagador de impuestos no reciba a cambio otra cosa que más presión fiscal. Pero ese es otro debate, otro jardín.