Ecologistas en Acción de El Puerto ha solicitado al ayuntamiento una explicación sobre "este incumplimiento, así como la ausencia de multas coercitivas por su desobediencia. Además, el Tribunal Contencioso-Administrativo en Cádiz ha acordado recientemente desestimar el recurso de la empresa contra la sanción, ratificando que carece de licencia".
En el verano del 2022 se iniciaron unas obras de construcción de unas estructuras textiles para cubrir dos pistas de pádel ubicadas en los terrenos cedidos por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz al Club Náutico de El Puerto, además de otras obras menores. "Ante el impacto visual que ocasionaban al río Guadalete y su entorno, ciudadanos particulares y Ecologistas en Acción cursamos denuncias por considerar que las obras se estaban ejecutando sin licencia". dicen.
Agregan desde EA que "por la información aportada por el ayuntamiento, las obras se iniciaron con la presentación de una mera 'declaración responsable' de su promotor, que no resultó válida, y por tanto ineficaz, según el informe del arquitecto municipal que determinaba la necesidad de una licencia de obras para poderse llevar a efecto. El ayuntamiento debería de haber paralizado las obras a la recepción de este informe, pero dejó continuarlas hasta su conclusión, no iniciando el expediente de protección de la legalidad hasta meses después, en junio de 2023 (expte. 22/0979)".
El expediente de protección de la legalidad -aseguran- "finalizó con un decreto de fecha 5 de octubre de 2023 que resolvía desestimar las alegaciones presentadas por el promotor, ordenar la demolición en el plazo de un mes de las obras consistentes en la construcción de cubiertas textiles para dos pistas de pádel de 459 m2 de superficie por no ser susceptibles de legalización, así como la imposición sucesiva de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía del 10% del valor de las obras ejecutadas". "Pero no es hasta abril de 2024 cuando se impone la primera multa coercitiva por no haberse llevado a cabo la demolición ordenada, no teniendo constancia esta asociación de la imposición de más multas para forzar la demolición".
Además, "se abrió un expediente sancionador al promotor de la obra, que concluyó con una sanción de algo más de 9.000 €. Esta sanción fue recurrida ante el Tribunal Contencioso-Administrativo en Cádiz, que recientemente ha acordado desestimar el recurso, dando firmeza al mismo".
Como parte interesada, Ecologistas en Acción "tiene derecho a conocer toda la tramitación del expediente, por lo que suponemos que la orden de demolición de las cubiertas dictada en octubre de 2023 tiene firmeza al no haber sido recurrida ante el Contencioso, ya que de lo contrario debería de haberse comunicado a esta asociación. Igualmente se deberían de haber comunicado las sucesivas multas coercitivas en el caso de que se hubieran impuesto".
"Disciplina Urbanística ya nos tiene acostumbrados a continuos retrasos y paralizaciones en los expedientes, siendo muy excepcionales los casos en los que se llegue al cumplimiento de una demolición voluntaria o ejecución subsidiaria. Son estas actuaciones de la administración las que promueven en la práctica la política de hechos consumados que favorecen la impunidad de los infractores", afirman los ecologistas.
"Estas cubiertas están ocasionando un impacto visual muy negativo sobre el río Guadalete y su entorno, y el ayuntamiento debería de velar por el cumplimiento de la ley, procediendo a la demolición subsidiaria de las mismas en el caso de persistir la negativa de su promotor", concluyen.
