Se ha extendido el bulo de que los bancos y cajas de ahorro no conceden hipotecas, por lo que difícilmente se pueden vender viviendas. Y nada más alejado de la realidad porque hipotecas no sólo se conceden, sino que incluso se bonifican por parte de las entidades bancarias, tanto con una cantidad adicional sin coste, a modo de promoción, como con la concesión de la misma por el cien por cien del precio del inmueble.

Eso es lo que contaba a este periódico un técnico de una empresa municipal de vivienda y suelo y lo que ha podido comprobar este periódico de boca de otras personas que sí han conseguido esa hipoteca que tanto escasea. Y es que el bulo peca de la mayor, por que la realidad es que no sólo las conceden, sino que lo hacen como antiguamente: con una sonrisa en los labios.

La diferencia entre hace unos años y ahora es que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria anunciado por los catastrofistas de turno y desoído por los vendedores de hipotecas, la otorgaban antes de que la pidieran, con el mínimo papeleo y por el 80 por ciento del precio de la vivienda, ese porcentaje que ha llegado a los tribunales volviéndose contra los bancos a la hora de la ejecución de la hipoteca y que los políticos han cogido como bandera en el caso de que gobiernen, regular la dación de pago.

Ahora, por contra, hay que acreditar todo lo acreditable y un poco más, tardan una eternidad en contestar y al mínimo riesgo -que hoy en día puede ser la pérdida del trabajo de un mes para otro, por lo que también se fijan en las empresas que pagan las nóminas- dicen que no. Además de que hay que contar con que lo que piden los banqueros para concederla también lo tienen en cuenta los peticionarios para pedirla, por lo que no es de extrañar que algún banquero o bancario haya defendido al sector diciendo que no se conceden hipotecas porque “no las solicitan”.

Las propias
Esas anteriores, no obstante, son solicitudes que se hacen para comprar la casa en la que están en alquiler; para comprar la que a uno le da la gana y puede o para restaurar una vivienda en pleno casco histórico, aunque esté afectada por el Peprich.

Las que se conceden con la sonrisa en la boca, por el cien por cien del valor e incluso con una bonificación, son las que los propios bancos tienen para la inmobiliaria en que se han convertido la mayoría, con más o menos exposición a la crisis del ladrillo, que están repartidas por muchas poblaciones y que son muchas más de las que salen ofertadas en los portales de las entidades.

El censo de viviendas propiedad de las entidades bancarias en San Fernando no es tan alto como en otras poblaciones, al menos en lo que se refiere a las que están terminadas y listas para venderse que han tenido que ser absorbidas por las entidades ante la quiebra de los promotores. Amén de las que van pasando a manos de los bancos una vez que los propietarios no han podido pagar los plazos y han sido desahuciados, que tampoco son tantos, por ahora, en la ciudad.

Pero aún así hay en el mercado una oferta propia de las entidades lo suficientemente alta como para que conseguir la otra hipoteca, la que se quiere para comprar la casa que uno quiere y no la que quiere el banco, no se estile y como consecuencia, la que se vea afectada sea la construcción misma porque los pocos constructores que quedan no pueden competir ni con la oferta de los bancos ni con la negativa de estos a concederles préstamos para hacer viviendas que al final les harán la competencia en un mercado en el que sobra oferta.

Más inconvenientes
A esta situación de negocio selectivo a que obliga la provisión de pisos sin vender se unen otros condicionamientos que impiden que el sector no sólo se normalice, aunque sea en unos niveles muy por debajo a como estaba hace unos años, sino que se ralentice con los principales perjuicios para las personas con menor capacidad económica.

La Junta de Andalucía eliminó las ayudas a las viviendas de Protección Oficial (VPO) y también a los alquileres, con lo que los promotores privados se ven en la tesitura de construir pisos de renta libre que saben que no van a vender porque la gente no se arriesga y porque los bancos no conceden hipotecas salvo a clientes excepcionales o para vender sus propios pisos. Y eso hablando de promotores que todavía tienen capacidad de acción.

Algunos están tirando por el camino de enmedio con un cierto éxito, construyendo viviendas de renta libre e intentándolas vender a precios de VPO, como la única forma de salir del paso. Pero ni aún así, porque el problema llega a la hora de la financiación.

Los desfavorecidos
Sin embargo, las personas con pocas posibilidades económicas o en peligro de convertirse en ese tipo de personas, no pueden acceder ni siquiera a esa fórmula de bajo coste y se quedan a expensas de los planes de viviendas públicos, que al igual que en la construcción privada, están a expensas de préstamos de las entidades bancarias que, a pesar de contar con el aval de las administraciones a las que pertenecen, no están exentas de un acentuado control sobre todos y cada uno de los que van a ser los beneficiarios una vez finalizadas.

La Empresa del Suelo Isleña SA (Esisa) tiene actualmente en marcha dos promociones de VPO, una de 109 unidades en venta en la calle San Cayetano y otra de 31 en la calle Real en régimen de alquiler, ambas en fase de proyecto, además de otras 119, en proyecto, en la Magdalena.

La financiación parece que va por buen camino pero para empezar, las entidades exigen un número de compradores mínimo para comenzar a hablar de financiación y exigen un control exhaustivo sobre la capacidad económica de esos futuros beneficiarios. Y todo a expensas de que no se tuerzan situaciones personales que supongan un riesgo para las promociones. Esto es, que el número mínimo de futuros propietarios se rebaje y con ello, las posibilidades de conseguir el dinero.

Es todo lo que hay, con la ventaja de que en este caso se trata de una empresa pública obligada a buscar fórmulas para construir y satisfacer la demanda de los menos pudientes. Para todo lo demás, están los pisos hipotecados con sonrisa incluida.

La lista de personas solicitando vivienda VPO seguirá subiendo
Los datos de la vivienda en San Fernando hablan de 3.500 demandantes de VPO en las listas de la Empresa del Suelo Isleña y de una capacidad de construcción de 4.500 viviendas con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, una vez que se apruebe.

Las grandes bolsas de viviendas se localizan en los terrenos de Fábrica San Carlos, Sector I Casería Norte, Polvorines de Fadricas y Ronda del Estero, principalmente, además de otros terrenos que admiten desarrollos de menor calado.

Las circunstancias económicas actuales de las que se ha hablado, la política de los bancos y la falta de ayudas a las VPO y al alquiler por parte de la Junta de Andalucía, ponen en peligro la construcción, no ya de las de renta libre que se localizan en esas áreas de expansión, sino de las 1.125 VPO que se pretenden construir entre Polvorines y FSC.

En el caso de Polvorines de Fadricas, la mayor parte de las viviendas, de renta libre, la tendrán que construir los propietarios del suelo a los que se les ofrece una edificabilidad suficiente para ceder la parte de VPO al Ayuntamiento. Cuentan con una empresa asociada, pero sin clientes suficientes para asumir casi 800 viviendas de renta libre, aunque en los círculos inmobiliarios se diga que “siempre tenemos a los gaditanos”.

Esas viviendas de renta libre tendrían que pagar también los desarrollos públicos, con lo que se antoja difícil que se consiga el dinero para poner en valor el suelo por el que se han peleado los partidos políticos con proyectos millonarios y sin jeques árebes que los paguen.

Fábrica San Carlos
En lo que se refiere a los terrenos de FSC, la empresa que los compró a cambio de pagar los derechos laborales a los ex trabajadores de la Constructora, Sogescar, participada por Esisa y Unicaja, ha tenido que renovar el convenio firmado en 2001 con el Ayuntamiento dos veces desde entonces, ante la situación administrativa de los suelos, primero, y por la situación económica, después.

Cierto es que las torres que se iban a proyectar en un principio en FSC no se van a construir, después del reformado del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) a que obligó Defensa llevando esos asuntos el PP en la Gerencia de Urbanismo.

La aprobación del PERI, además, está a expensas del visto bueno de Defensa que en la primera y por ahora última reunión con el alcalde, José Loaiza, se comprometió a desbloquear y del que todavía no se ha obtenido respuesta alguna.

Pero aun llegando ese visto bueno, desde Esisa se considera que ni por asomo se va a comenzar a construir allí como estaba pensado, sino que habrá que hacer las cosas “poco a poco”.

Y es que en Fábrica San Carlos iban unas 1.500 viviendas y seguirán yendo unas 1.500 viviendas, por que si bien se han reformado las alturas que el ministerio no admitía, no se elimina la densidad ya que el convenio firmado en 2001 sigue manteniendo esa condición, construyendo en altura o con unifamiliares. Precisamente lo que quería evitar el PA con ese tipo de construcción, el mazacote de viviendas.

Casería de ossio
En lo que se refiere al Sector I Casería de Ossio, esa promoción que consiguió los permisos de obras en tiempo de descuento (electoral) a través de una sociedad instrumental llamada Las Canteruelas y luego vendida a Arenal 2000, nadie pone en duda que no se van a construir las cuatro torres que quedan para completar el proyecto, a pesar de que Defensa hasta desvió la línea de seguridad para permitir el disparate de una valdelagrana en la Casería.

La lista de espera en Esisa, pues, va a seguir subiendo aunque los políticos sigan vendiendo que su principal objetivo es proporcionar uno de los derechos básicos de la Constitución al mayor número de ciudadanos: la vivienda. Pero mientras los bancos tengan una oferta como la que tienen, la tregua de la que se pueden aprovechar los poderes públicos es que en San Fernando -al contrario que en otros lugares de la Bahía- el flujo migratorio comienza a resultar negativo, con lo cual la demanda tenderá a ser menor.

Es verdad que el cómputo que se señala es de una pérdida de sólo 180 personas, los que se fueron menos los que vinieron, pero marca el final de una tónica de aumento poblacional que los andalucistas consideraban una prueba de la calidad de vida que ofrecía la ciudad y que, al parecer, ya no ofrece.

El paro, sobre todo, deja a la claras las claves de esta situación que comenzará a alejar a la ciudad de la meta de los 100.000 habitantes. Y eso que el PGOU prevé un San Fernando con 115.000, una vez que estén construidas las 4.500 viviendas que contempla el PGOU.