La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 3.323.672,49 euros al exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, mientras que impone otra fianza de 33,9 millones al que fuera secretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez, según sendos autos a los que ha tenido acceso Europa Press.

   Igualmente, la juez Mercedes Alaya determina una fianza civil de cinco millones de euros a Javier Aguado, que fue secretario general técnico de la Consejería de entre 1994 y 2000, y otra de un millón de euros a Lourdes Medina, que dicho cargo en Empleo entre 2008 y 2012.