El Ayuntamiento de Cartaya ha presentado un recurso contra la paralización, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, de un proyecto turístico en la playa de El Rompido, y ha sostenido que se trata de un "error administrativo" por parte del Gobierno central.
El Ministerio de Medio Ambiente ha paralizado el proyecto 'La Barranca', que suponía una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar unos terrenos de dominio público a lucrativo con carácter.
El informe del Ministerio, hecho público por el PSOE local, considera inviable las actuaciones, y se basa en unas alegaciones que fueron apoyadas por unos mil vecinos del municipio onubense, que recogieron "para que el alcalde no acometiera esta barbaridad", y se sienten "especialmente contentos porque se ha conseguido parar este atropello", señala el portavoz socialista, Alexis Landero.
En declaraciones a Efe, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento cartayero, Gabriel Maestre, ha asegurado que este es un asunto "absolutamente claro", y que solo pretende darle uso "a unos terrenos colindantes con la línea de costa que son de propiedad privada, pero ni se han privatizado terrenos, ni se pretende dar uso lucrativo, porque están en manos privadas desde siempre, y nunca se ha dedicado este ayuntamiento a privatizar lo público".
"El Ministerio dice que esos terrenos están en zona de servidumbre de costas y no se le permitiría un uso lucrativo, cosa que es infundada, y hemos presentado un recurso, porque el procedimiento sigue vivo, y estos terrenos tienen la misma calificación que el centro comercial Marina El Rompido, con el que es colindante", ha añadido el edil popular.
Por último, ha asegurado que "a la larga tendremos razón, aplicaremos la racionalidad, llegaremos a un entendimiento y subsanaremos este error administrativo".
CONSTRUIR HASTA CUATRO METROS DE ALTURA
El proyecto contemplaba que ‘La Barranca’ deje de ser espacio de dominio público a tener un uso lucrativo y de servicios turísticos de carácter privado, con posibilidad de construir hasta cuatro metros de altura y de ocupar el 50% de un terreno de 3.000 metros cuadrados.
El informe desfavorable del Ministerio señala que los terrenos se encuentran afectados en su totalidad por la zona de servidumbre de protección, por lo que no se permite este tipo de actuaciones.
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, insistió en que el proyecto es una “irresponsabilidad e incompetencia del alcalde en su afán de intentar cambiar el uso de ‘La Barranca’ para que dejara de ser espacio de dominio público a tener un uso lucrativo y de servicios turísticos de carácter privado”.
Esta actuación se remonta a abril de 2013 cuando el equipo de Gobierno (Icar, PP y PA) decidió en pleno llevar a cabo una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), relativa a la ordenación pormenorizada del El Rompido para cambiar el uso de suelo de la zona afectada de espacio de dominio público a lucrativo de carácter privado. Ante ello, el PSOE presentó alegaciones y se procedió a una recogida de firmas en este núcleo de población para que ‘La Barranca’ siguiera siendo de uso público y el Ayuntamiento no permitiese construcciones en esta zona emblemática.
