El juicio que comenzó el pasado lunes en la Audiencia de Granada contra el acusado de disparar mortalmente a un empresario de La Herradura en mayo de 1998 y otras seis personas con las que supuestamente formaba una banda organizada dedicada al tráfico de hachís desde una plataforma mejillonera ha quedado hoy visto para sentencia.

En la última sesión, en la que las partes han expuesto sus informes finales, el fiscal ha pedido una sentencia condenatoria para todos los procesados, la mayoría naturales de diferentes localidades de Galicia.

Existen "indicios" de que todos "conspiraron" para desembarcar importantes cargamentos de droga desde la plataforma, aunque no se hayan encontrado los alijos, incidió el representante del Ministerio Público, que además consideró que aunque no existen pruebas directas, las practicadas llevan a la "conclusión palmaria" de que Antonio C.P., el único imputado por homicidio, fue quien mató a Daniel B.

La Fiscalía incidió en que todos los testigos han coincidido en que el empresario y el acusado tenían "serias discrepancias" y que el fallecido recibió amenazas "de muerte" por parte de su presunto homicida, que además tenía una pistola, como han asegurado algunas personas en el juicio.

Además, para el fiscal, que solicita para el inculpado 15 años de prisión, es relevante que haya quedado acreditado que Antonio C.P. se encontraba en el mismo lugar donde después fue hallado el cadáver, en el Paseo Marítimo de La Herradura, e incluso casi en el mismo momento, tal y como declaró un guardia civil, que lo vio 40 minutos antes de que se produjera el crimen en la zona.

También la acusación particular, que eleva para Antonio C.P. el delito que le imputa a asesinato y le solicita 23 años de cárcel, resaltó las "contradicciones" del gallego, ya que, en contra de lo que testificó el primer día del juicio, no estuvo solo el día de lo hechos, el 19 de mayo, ni se fue de La Herradura a Galicia a la hora que dijo, sino mucho más tarde, ni "huyó" a Venezuela porque en el país se encontraba su hija, tal y como declaró su propia ex mujer.

Móvil y "falsa" coartada
Había "animadversión" entre el empresario granadino y el acusado en un "ambiente de narcotráfico" y negativa del después fallecido a que la mejillonera que compartían se dedicara al tráfico de drogas, por lo que, en opinión del letrado de la familia, había "móvil" y "falsa coartada", que llevan a concluir que el acusado fue el autor del crimen, que hizo además con "alevosía".

Por su parte, la defensa de Antonio C.P., que estuvo cuatro años en prisión preventiva, pidió sentencia absolutoria y todos los pronunciamientos favorables para su patrocinado puesto que "desde 1998 y hasta el acto del juicio oral" no se ha encontrado "prueba alguna" de que el gallego cometiera acto delictivo.

Todos los testimonios de las personas que han declarado, a juicio del letrado, han sido de referencia, ya que nadie ha tenido conocimiento directo de los hechos, ni ha sido testigo de las amenazas que supuestamente existieron, ni visto pistola alguna.

En la misma línea insistieron el resto de los abogados defensores de los procesados por tráfico de drogas, que señalaron que no existe "ni prueba ni indicio alguno" de la existencia del delito y que volvieron a solicitar que, en el caso en que el tribunal los considere culpables, declare prescritos los hechos que se le imputan o contemple la atenuante analógica de dilación indebida, puesto que el procedimiento se ha prolongado durante 11 años.

El primer día del juicio sólo aceptaron declarar cuatro de los siete acusados. Antonio C.P. y otros tres inculpados de tráfico de drogas --por el que se enfrentan a penas de tres años de prisión-- negaron los hechos de los que se les acusa e incluso conocerse entre sí, excepto por algunas operaciones derivadas de la actividad del marisqueo, a la que se dedicaban.

Amenazas
Sin embargo, en días posteriores, numerosos testigos, entre ellos muchos familiares de la víctima, aseguraron que el empresario se sentía "amedrentado" por las amenazas "de muerte" que recibía, mientras que empresarios de La Herradura, regentes de varios locales que frecuentó Antonio C.P. la noche de los hechos, situaron a éste en la zona y la hora del crimen.

Todos los días de la semana, excepto el lunes pasado, allegados del empresario fallecido han esperado a Antonio C.P. a la salida del edificio judicial para increparle y reprocharle haber "asesinado" a Daniel B., por lo que la Policía Nacional ha tenido que escoltarle y trasladarle en vehículo policial.

El fiscal relata en su escrito de conclusiones que el 20 de mayo de 1998 Antonio C.P. llegó desde O Grove a La Herradura porque tenía preparado con el resto de los inculpados un desembarco de un importante alijo de hachís, cuando se encontró con Daniel B., con el que tenía serias desavenencias por la titularidad y el uso de la mejillonera.

En el transcurso de una discusión, según la Fiscalía, Antonio le efectuó un disparo, al parecer con un revólver --aunque el arma no ha aparecido--, que le alcanzó a la víctima en el cuello, que le causó la muerte inmediata por intenso shock hemorrágico.