Más de 250.000 personas en España padecen cada año enfermedades terminales que les obligan, en muy poco tiempo, a adaptarse a una nueva situación en la que los dolores físicos y los problemas psicológicos son los máximos protagonistas: su vida se acaba y no se puede hacer nada, ¿o sí?

Los expertos consultados por Efe lo tienen claro: se puede mejorar la calidad de vida de los enfermos, reducir su sufrimiento y ayudarles, tanto a ellos como a sus familiares, a asumir y aceptar las consecuencias de su enfermedad.

Para conseguirlo, la coordinadora del equipo de atención psicosocial del Programa de Atención Integral de Enfermedades Avanzadas de la Obra Social La Caixa en el Hospital La Laguna, María Die Trill, explica que, además de los cuidados médicos, hay que proporcionar ayuda psicológica a los pacientes y a sus familias.

El presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) y director del hospital especializado en cuidados paliativos La Laguna, Javier Rocafort, también incide en la importancia de ofrecer a los enfermos terminales un trato personalizado, tranquilidad y seguridad.

“Los enfermos terminales son personas extremadamente frágiles que necesitan saber dónde acudir y poder llamar en cualquier momento, tener un apoyo constante y la garantía de que las personas que le están atendiendo están especializadas”, afirma.

Actualmente, cada año en España necesitan cuidados paliativos más de 250.000 personas, de las que 125.000 requieren una atención específica, pero desde La Laguna aseguran que, a pesar de que estos cuidados deberían ser un derecho para todos, sólo el 50% de los enfermos los reciben.

Rocafort considera que, de cara a combatir éste y otros problemas, la propuesta del Gobierno de crear una ley que regule los cuidados paliativos y la muerte digna es “oportuna”, aunque matiza que no hay que confundir conceptos como el de atención al final de la vida, el suicidio asistido o la eutanasia.

Espera que el Gobierno “lo haga bien” y que la nueva ley ofrezca igualdad y equidad para combatir las “grandes desigualdades” que existen entre comunidades autónomas.

En cuanto a la polémica que rodea a la futura ley, el doctor asegura que no la entiende y afirma que el hecho de prolongar artificialmente la vida de un paciente “ya está perfectamente regulado” y que “no hay ningún riesgo” de contravenir la ética y la moral de los profesionales.

De hecho, explica que según Ley de Autonomía del Paciente es el enfermo quien debe decidir ante cada intervención terapéutica y que, en ausencia de la capacidad para tomar decisiones, se recurre a la voluntad anticipada o la decisión del familiar más cercano.

En cuanto a la media de edad de los enfermos terminales ingresados en La Laguna, ésta es relativamente baja: “Oscila entre los 65 y los 70 años, pero siempre tenemos a gente de entre 40 y 50, y casi siempre a jóvenes de 30 a 40”, explica Rocafort.

Esto ocurre porque el 80% de los pacientes padecen cáncer y esta enfermedad “cada vez afecta más a gente joven”, mientras que el otro 20% son, principalmente, insuficiencias de órganos y enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer.