La Junta de Personal Docente de Cádiz exigen a la Junta que se abra una investigación “por parte de las autoridades sanitarias” de la Junta de Andalucía, así como “la implicación de nuestros referentes en salud laboral, que son la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de Delegación de Educación y la Inspección de Trabajo”, para conocer “el alcance real de los efectos de la vacunación con AstraZeneca entre el personal educativo, ya que la muerte de nuestra compañera en Málaga convierte todo este asunto en un tema de salud laboral de verdadero riesgo, máxime cuando, recordemos, aún queda por administrar la primera dosis a muchas y muchos compañeros, la segunda dosis a todos, y el personal mayor de 55 años aún no ha sido vacunado” y según la citada Junta de Personal, “corre el rumor de que finalmente se utilizaría esta misma vacuna”.

Al respecto, desde la Junta de Personal Docente de Cádiz, manifiestan su solidaridad “con la familia y comunidad educativa, así como nuestra preocupación por el fallecimiento de la profesora malagueña de 43 años, madre de dos hijos, tras ser vacunada con AstraZeneca”.

Señalan que “a pesar de que el consejero de Educación, Javier Imbroda,  hizo unas declaraciones que causaron gran indignación entre la comunidad educativa al decir que no le constaban los efectos secundarios de esta vacuna”, esta Junta de Personal “ha tenido constancia de un elevado porcentaje de casos que han afectado al desarrollo de la actividad educativa de los centros y provocado a docentes malestar durante 24/36 horas, como fiebre elevada, dolor muscular, hinchazón en brazos, etc”.  

Recuerdan que “de entrada hubo rechazo a esta vacuna por ser la que menos cobertura parecía tener,  y ser la elegida para vacunar al personal de Educación, que se ha sentido abandonado por parte de la administración en la gestión de esta crisis”.  Y, “aún sin estar del todo convencido, la mayoría del profesorado optó por la vacuna ante la situación de riesgo que vivimos a diario en las aulas y la posibilidad de contribuir a generar inmunidad y colaborar en el control de la pandemia”.

No obstante, “los últimos acontecimientos nos obligan como representantes del profesorado de esta provincia a exigir la citada investigación” por las razones antes descritas.

La Junta de Personal Docente de la provincia gaditana considera que, “sin crear alarma social, y fuera de luchas entre las grandes corporaciones farmacéuticas, es necesario que las autoridades sanitarias y quienes están encargados de velar por la salud del personal docente y educativo den garantías de que nuestras vidas no están siendo expuestas a riesgo por el uso de esta vacuna”.