La Comisión Europea ha dejado claro al Gobierno de Mariano Rajoy que el mandato de la misión de expertos que enviará a la frontera con Gibraltar está "bastante claro" y excluye cuestiones de fraude fiscal presuntamente cometidas por las autoridades del Peñón y ha insistido en que el mandato ha sido discutido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, en conversación telefónica la semana pasada.
"La misión de recogida de datos cubrirá los controles fronterizos, el movimiento de personas y bienes y los controles aduaneros, incluido el contrabando", ha dejado claro en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo comunitario, Pia Ahrenkilde, preguntada sobre por qué Bruselas no acepta la petición del Gobierno español de incluir también en la misión el fraude fiscal.
"El mandato está muy claro. Ha sido discutido con Rajoy y es como lo acabo de describir", ha recalcado la portavoz, que ha admitido que la misión "se acordará" con las autoridades españolas y británicas "para que tenga lugar lo antes posible". "Los preparativos están en marcha", ha insistido.
"Su mandato ha sido cuidadosamente diseñado para incluir las cuestiones que han sido discutidas y abordadas en conversaciones con Rajoy y también han sido abordadas en nuestros contactos con las autoridades españolas", ha zanjado la portavoz.
En su conversación con Durao Barroso, Rajoy defendió que esta misión debería tener un "enfoque global", de manera que se dedique también a "controlar" que la actividad económica en el Peñón "no vulnere la normativa europea relativa a blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad".
"Este proceso y estas preocupaciones las conocemos. Son tratadas en el Consejo, entre los Estados miembros y por el momento no hemos recibido quejas formales", ha apostillado el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly, también en rueda de prensa en referencia a las preocupaciones españolas sobre fraude fiscal en Gibraltar.
Bailly ha explicado que "la razón por la cual estas cuestiones no forman parte del orden del día de la misión es que son de hecho discutidas regularmente en el Consejo entre los distintos representantes de los Estados miembros cuando hay una propuesta legislativa que está ligada a la fiscalidad" y que en este contexto "muy frecuentemente las autoridades españolas abordan este punto específico y preocupaciones específicas y por tanto todo esto se discute en el seno del Consejo".
De hecho, el pasado mes de junio "hubo conclusiones de grupos de trabajo sobre las cuestiones fiscales en el Consejo que abordan y toman nota específicamente de las preocupaciones españolas respecto a las autoridades de Gibraltar".
Bailly ha admitido que están "informados" de las preocupaciones sobre fraude fiscal de las autoridades españolas y han leído "bien" sus preocupaciones sobre este punto incluidas en el memorándum que remitió el Gobierno español la semana pasada pero "se trata en el Consejo". "Por ello, no hay necesidad de que nosotros lo tratemos", ha zanjado.
Preguntada por la posibilidad de que la Comisión emprenda una acción para retirar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales cooperantes, Ahrenkilde se ha limitado a decir que se trata de "una situación muy hipotética por ahora".
Respecto al blanqueo de capitales que preocupa al Ejecutivo español, Bailly ha dejado claro que Gibraltar ha transpuesto la directiva europea sobre el blanqueo de capitales. "Por el momento no hemos constatado infracciones", ha precisado.
TASA Y HORMIGÓN
Por otra parte, la portavoz del Ejecutivo comunitario también ha indicado que la "posible tasa hipotética por cruzar la frontera" no formará parte de la misión.
Ahrenkilde ha vuelto a reiterar que en el caso "hipotético" de que España aplicara una tasa "por el simple hecho de cruzar una frontera dentro de la UE esto violaría las normas de la UE sobre libertad de movimiento de personas, así como el Cógido de Fronteras Schengen, pero no es una cuestión que está sobre la mesa por el momento". "No comentamos o nos posicionamos sobre tal tasa" por ello, ha aclarado.
La Comisión también verificará que los bloques de hormigón lanzados por las autoridades gibraltareñas en la Bahía de Algeciras para crear un arrecife artificial cumplen la legislación medioambiental europea, pero de forma separada y no en el marco de la misión.