Los sindicatos de estibadores y la patronal del ramo han rechazado la propuesta de acuerdo sobre la reforma del sector planteada por el mediador del conflicto, Marcos Peña, y que el Ministerio de Fomento sí había aceptado, según anunciaron en sendos comunicados.

La Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC.OO, UGT, CIG y USO agradecen el esfuerzo del mediador, pero indican que no tiene sentido una propuesta de mediación cuando la patronal y los sindicatos del gremio ya habían alcanzado un principio de acuerdo.

De su lado, la patronal Anesco plantea que su aceptación a la propuesta está vinculada a que el Gobierno concrete varios puntos de la misma, entre ellas el marco jurídico o la norma a la que está dispuesto elevar el eventual acuerdo, además del alcance de las medidas que ofrece para acometer un ajuste en la plantilla de estibadores.

Los trabajadores y las empresas del ramo respondieron de esta forma a la propuesta de acuerdo que el mediador del conflicto de la estiba les presentó el pasado jueves, y que el Ministerio de Fomento había aceptado. La parte social ha manifestado su postura ante la propuesta 'in extremis', al del plazo dado por Marcos Peña para manifestarse, que concluyó a las 13.00 horas de este martes.

Los sindicatos con representación en la estiba valoran de manera positiva las aportaciones del mediador y su ayuda a la conciliación en todo el proceso, a la vez que entienden que, una vez logrado un acuerdo entre los sujetos legitimados para la negociación colectiva, no se precisa la mediación al respecto

Los efectos laborales y las bases para la negociación colectiva en el sector de la estiba portuaria fueron objeto de acuerdo contenido en el documento denominado “Principio de acuerdo en el sector de la estiba”, suscrito el 29 de marzo de 2017 por Anesco y los sindicatos Coordinadora, UGT y CC.OO. Las partes consideraron que el principio de acuerdo constituía un “todo orgánico e indivisible” y la aplicación de su contenido quedó condicionada a “la previa ratificación por los órganos competentes de cada organización firmante y la adopción de las medidas legislativas contenidas en el mismo”.

Así, una vez resuelto el conflicto laboral mediante el acuerdo mencionado, suscrito entre los sujetos legitimados para la negociación colectiva, los trabajadores de la estiba entienden que no se precisa la mediación al respecto; aunque reconocen y agradecen la intervención del mediador durante todo el proceso por su notable contribución al acercamiento de las posiciones entre patronal y sindicatos.

Ante este realidad, para terminar de desarrollar el acuerdo rubricado en el sector, queda por conocer la nueva propuesta normativa que ofrezca el Gobierno para dar respuesta a los requerimientos de Europa a la vez que se cumpla la garantía de empleo de los actuales trabajadores de las SAGEP y la vinculación laboral futura (directa o indirecta) con las empresas titulares del servicio de manipulación de mercancías por medio de Centros Portuarios de Empleo. Para ello, la regulación jurídica de los CPE debe disponer como únicos socios a los referidos titulares del servicio portuario y eludir los obstáculos normativos para la constitución y para el establecimiento de relaciones laborales estables.

Los sindicatos insisten en que es preciso conocer la propuesta normativa del Gobierno para analizar si, de la combinación de ese proyecto de norma y del convenio colectivo, puede obtenerse el resultado que todas las partes dicen perseguir: ejecutar la sentencia del TJUE con la garantía del 100% del empleo del personal actual y con instrumentos de mejora de la productividad. Es, precisamente, la redacción de esa norma, que garantice el fin indicado, lo que justifica la participación del Gobierno en el proceso de mediación, por lo que es imprescindible que se presente al resto de actores. Además, no les parece equilibrado que todas las partes conozcan el resultado de la negociación entre empresas y sindicatos respecto a las condiciones de trabajo y sobre el que consideran instrumento normativo adecuado para la garantía del empleo, y que se mantenga oculta la contrapartida, parte sustancial del acuerdo, que no es otra que el proyecto normativo del Gobierno.