Aguilera pregunta a Junta por el caso del águila imperial envenenada

Publicado: 05/12/2019
Adelante Andalucía plantea a la Consejería si ha hecho inspecciones en dicha finca y se han encontrado más otras zonas afectadas por este compuesto químico
 

La parlamentaria de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha registrado una pregunta a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, tras la confirmación por parte de la Delegación Territorial de la muerte de un águila imperial por envenenamiento en la finca La Zanona, en Los Barrios.

En concreto, se trata de un macho de dos años que fue reintroducido desde Andújar, al que se suma un meloncillo y dos cuervos, muertos por la ingesta del mismo veneno, llamado Aldicarb. El Aldicarb es un compuesto químico de la familia de los carbomatos del que existen muchas referencias como insecticidas, acaricidas y nematicidas. Este producto se puede usar para matar ésta u otras especies pero “su capacidad es tal que no entiende de límites y hace estragos en el medio”, explicaron. Desde Adelante Andalucía, recordaron que las autoridades prohibieron hace ya años su uso e incluso su tenencia y que el uso de veneno está tipificado como delito en el artículo 336 del Código Penal y sancionable en vía administrativa, según el artículo 75.7 de la Ley 8/2003 de Conservación de la Fauna y Flora Silvestres de Andalucía.Así, advirtieron además que el veneno puede pasar a la cadena humana. “El águila imperial ibérica figura en el catálogo andaluz de flora y fauna amenazada como una especie en peligro de extinción pero es que, aunque la Junta ha suspendido como medida cautelar el coto de caza de la citada finca durante 10 meses, el tema que nos ocupa es grave ya que en la finca también se cazan anátidas y han podido ser contaminadas”.

Por todo ello, la parlamentaria andaluza Ángela Aguilera se ha dirigido a la Consejería para preguntarle si tiene previsto aplicar la pena máxima que dicta la ley en dicho artículo 336 del Código Penal y si sancionaría según el artículo 75.7 de la Ley 8/2003 de Conservación de la Fauna y Flora Silvestres de Andalucía. Al mismo tiempo, plantea a la Consejería si ha hecho inspecciones en dicha finca y se han encontrado más otras zonas afectadas por este compuesto químico.

 

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