Mes y medio después de que la empresa redactora del Plan General ‘Territorio y Ciudad SL’ entregase en el Ayuntamiento la documentación del nuevo PGOU y de que ésta fuera solicitada por el Grupo Municipal Socialista, los concejales Jerónimo Andreu y Cándida Verdier han podido obtener copia digital de dicho documento y de las alegaciones a las Normas Sustantivas, así como vista de ambos asuntos, aunque no en formato papel.

En relación a la documentación del PGOU, Andreu ha resaltado que, “una vez hemos podido ver por encima lo que dice, el Grupo Socialista muestra su conformidad con dicho documento, puesto que estamos de acuerdo con solucionar este problema”. “Hemos podido ver el tomo II del Plan, sobre el proceso de regularización de las áreas que se han consolidado tras construirse de forma irregular, ilegal o clandestina, tal y como dice aquí, en el que se ha hecho un diagnóstico de la situación del urbanismo en Chiclana y se ha presentado la solución, sobre la que estamos de acuerdo”, ha aclarado.

De esta forma, en el diagnóstico ofrecido por la empresa redactora se indica en su página 2 que “no basta con decretar una amnistía que olvide la historia más o menos reciente de incumplimientos”. Asimismo, tal y como ha expuesto Andreu, en la página 3 de dicho documento se recalca que “la regularización urbanística de las edificaciones clandestinas es una facultad de la Administración que debe ser ejercitado justificadamente… En primer lugar hay que dejar sentado que la regularización urbanística de las edificaciones clandestinas es una facultad de la Administración, que la puede ejercitar o no; y, en cualquiera de ambos casos, la decisión debe ser justificada”. “Nosotros estamos por regularizar, pero no dando una amnistía porque sí, sino de una forma consensuada y conforme a la Ley”, ha insistido el edil socialista.

“Por otro lado, en la página 4 se hace mención a artículos concretos de la Ley de Suelo, en base a la cual se puede regularizar esta situación, a lo que nosotros estamos de acuerdo”, ha comentado Andreu, quien ha destacado el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la LOUA, así como a los artículos 9.B y 17.2.  Por otro lado, en la página 6 se aclara que “en Chiclana el número de edificaciones construidas sin licencias es superior a 11.000 viviendas que en su inmensa mayoría se presenta como una realidad absolutamente consumada (ya que no puede desconocerse) y, además, se presenta como irreversible (al haber transcurrido casi de manera generalizada los plazos para la restitución de la legalidad); y por ello puede legítimamente proponerse por el Plan Genera esa regularización”.

“También estamos de acuerdo con ello, lo que demuestra que, a diferencia de lo que se decía El País, no es la mitad de las viviendas de Chiclana”, ha manifestado Jerónimo Andreu, quien ha acusado al alcalde de “no salir en la defensa de Chiclana y decir que esto se consideraba natural,  cuando lo normal es que dijera que la gente de Chiclana está por arreglar las cosas y que se solventan los problemas de una vez por todas”.

En cuanto al método que el equipo redactor plantea para arreglar esta situación, según se recoge en la página 7 del tomo II se explica que “el instrumento adecuado para posibilitar la integración y habilitar la regularización de las edificaciones irregulares localizadas en áreas sub-urbanizadas es su incorporación en un proceso de revisión del planeamiento general”. “Estamos también de acuerdo en este aspecto, así como en cuáles deben ser las obligaciones de los propietarios de estas áreas”, ha insistido Andreu.

En este caso, según aparece en las páginas 37 y 38 de dicha documentación, las obligaciones de estas personas son “los gastos de la reparcelación económica (ya sea en régimen de ejecución sistemática o asistemática) vinculados al proceso de normalización…:
a) Las compensaciones económicas sustitutivas que deban percibir los titulares de terrenos calificados por el planeamiento con destino de usos públicos.
b) Las compensaciones económicas dirigidas a financiar la adquisición de los terrenos calificados por el Plan General con usos públicos.
d) Los gastos de urbanización del área de regularización.
e) El coste que genere la redacción de los instrumentos de gestión urbanística y los proyectos de urbanización.
f) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, obras e instalaciones legalmente edificadas que exija la ejecución de este Plan.
g) Así mismo se incluirán los costes de adquisición del trazado alternativo de vías pecuarias que sean necesarios para proceder a la desafectación de los tramos de vías pecuarias actuales.

“Todas estas cuestiones tendrán que pagarse y, por tanto, hay que afrontar estos gastos”, ha declarado Jerónimo Andreu, quien ha añadido que “debe haber unas obligaciones por parte de las construcciones que estén metidas en este proceso. Por tanto, no puede ser una amnistía gratuita”.

Finalmente, en la página 49 del tomo II se especifica que se trata de un “documento de trabajo, sometido a rectificación de criterios por Comisión Informativa, verificación de datos superficiales y estrategias adoptadas respecto al suelo urbanizable, a efectos de la Norma 45 del POTA”. “Pedimos que exista esa comisión informativa, que entiendo debe estar compuesta por todos los grupos de la Corporación porque hasta ahora no ha funcionado”, ha criticado el edil socialista, quien ha recalcado que “nosotros estamos dispuestos a ir a esa comisión con una idea constructiva y en la cual se solvente la situación que se ha generado con el tiempo”. “Por tanto, nosotros estamos dispuesto a participar en este documento de forma constructiva y nos parece bien el índice, a falta de ver sus contenidos”, ha comentado el concejal socialista, quien ha insistido en que “no entendemos por qué el señor Marín ha mantenido oculto este documento, creando una situación de tensión inadecuada”.

Por su parte,  la concejala Cándida Verdier ha explicado que en el tomo VI, sobre el calendario de contactos con la empresa redactora, “aclara que desde el 1 de junio el equipo de Gobierno ya tenía en su poder este documento. Sin embargo, ha tenido que ser a través de denuncia pública de los grupos de la oposición cuando se nos ha entregado en formato digital”. “Por tanto, esa comisión informativa debía haber sido convocada, por lo que se lo exigimos al equipo de Gobierno municipal, con el objetivo de que los grupos de la oposición también tengan opción de hablar sobre este asunto con los técnicos municipales y los de la empresa redactora”, ha solicitado.


Alegaciones a las Normas Sustantivas

En cuanto a las alegaciones a las Normas Sustantivas, que han sido facilitadas al Grupo Socialista en formato digital, aunque no el expediente completo, Cándida Verdier ha aclarado que “tan solo se han admitido para su estudio siete alegaciones”. “Curiosamente, la alegación presentada por la Federación de Las Lagunas, firmada por la actual delegada de Urbanismo, y la que fue firmada por un miembro del PVRE, no sabemos si su presidente, han sido rechazadas”, ha manifestado la concejala socialista, quien ha reiterado que “tan solo siete han sido consensuadas por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para que se integren en el documento de las Normas Sustantivas”.

“Por tanto, de las tantas alegaciones que formuló el PVRE, parece ser que ninguna de ellas ha sido admitida”, ha insistido la edil socialista, quien ha aclarado que “las admitidas son sobre la avenida del Mueble, el antiguo propietario de la parcela de la nave de Obras, de una empresa y cuatro particulares que no tienen nada que ver con las reclamaciones del PVRE”. “Lo que nos llama la atención es que este dato, que ya conocían desde hace tiempo el alcalde y la delegada de Urbanismo, no se haya puesto de manifiesto a la ciudadanía”, ha criticado Verdier, quien ha recordado que “las alegaciones admitidas y rechazadas han sido consensuadas por las administraciones municipal y autonómica”.