El Grupo Provincial de IU en la Diputación de Córdoba llevará al próximo Pleno de la institución provincial una moción para exigir al Gobierno andaluz del PP "una mejora inmediata de las condiciones laborales del personal de atención directa a menores, tanto en el sistema de justicia juvenil como en el de protección", que están bajo tutela de la Junta de Andalucía.

Según ha informado IU en una nota, la iniciativa, que surge "tras el brutal asesinato de una educadora social en Badajoz", pretende "visibilizar y denunciar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas de las personas que trabajan en este ámbito. Estamos hablando de profesionales que desempeñan su labor en contextos de altísima complejidad, sin los recursos necesarios y con un nivel de exposición muy elevado".

Por eso, desde IU se plantea que la Diputación "condene enérgicamente los hechos ocurridos en Badajoz y reconozca el papel esencial que desempeñan los y las profesionales que trabajan con menores en conflicto con la Ley y con menores tutelados por la Administración".

Además, con la moción de IU "se insta al Gobierno andaluz a revisar y reforzar urgentemente sus condiciones laborales, garantizar su seguridad física y psicológica, y poner fin a los procesos de privatización, que deterioran la calidad del servicio y precarizan los empleos", pues "el modelo basado en la externalización, la falta de recursos y la escasa formación específica está generando una situación insostenible" y, segñun IU, "no se puede seguir mirando hacia otro lado mientras se pone en riesgo a las trabajadoras y a los propios menores".

La coalición también reclama "la puesta en marcha de protocolos eficaces frente a las agresiones al personal y mecanismos permanentes de evaluación y supervisión de los centros, con participación de los agentes sociales y entidades especializadas. No se trata solo de reaccionar ante una tragedia, sino de asumir de una vez que este sistema necesita una revisión profunda y urgente".

En este contexto, IU defiende "un modelo público, justo y eficaz de atención a la infancia y la adolescencia, que no se base en el ahorro a costa de los derechos de quienes están sosteniendo uno de los pilares más delicados del sistema de bienestar".