l exdirigente de la unión provincial de CCOO en Córdoba Francisco Casado ha recurrido su imputación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en un escrito en el que denuncia la actuación de la Guardia Civil, pues lo mantuvo detenido más de 60 horas en una actuación que considera "injustificada" y "excesivamente prolongada en el tiempo".

   En su escrito, consultado por Europa Press, el abogado del encausado pide a la Audiencia Provincial el archivo de las actuaciones o, de manera subsidiaria, que levante las medidas cautelares que le impuso la juez Mercedes Alaya, entre ellas una fianza de responsabilidad civil de 119.887,45 euros que considera "lesiva" y "no ajustada a derecho".

   El letrado de Casado, que fue detenido en la segunda fase de la operación 'Heracles', dice que "no se entiende bien por su defendido, por más que se le intenta explicar, lo ocurrido" para que la Guardia Civil lo tuviera detenido "más de 60 horas, o sea, dos días y medio", todo ello sin que en ese lapso de tiempo "se practicada ninguna otra diligencia referida a su persona y circunstancias, salvo la obtención de antecedentes policiales".

   El abogado alega, asimismo, la "flagrante distorsión" por "injustificada diferenciación en el trato" entre su cliente y su hermano, José Manuel Casado, también detenido en la 'Heracles', quien fue puesto en libertad a pesar de que "fue quien, supuestamente, como así se expresa tanto por éste último como incluso por el propio contenido del informe de la UCO, pudo, hipotéticamente, participar y/o conocer los presuntos hechos e incluso beneficiarse presuntamente de ellos".

   "El derecho a la libertad personal que asiste a mi representado ha sido vulnerado de forma flagrante como consecuencia de dicha detención policial", asevera en un escrito en el que expresa su "más contundente protesta" por la actuación de la Guardia Civil en lo relativo a la detención, "que ha generado enormes daños y perjuicios para su persona que en su momento serán ponderados, valorados y cuantificados para su exigibilidad ante quien corresponda, con reserva expresa de acciones".

   Asimismo, el abogado también defiende la inexistencia de indicios racionales de criminalidad y la falta de motivación del auto de imputación, punto en el que llama la atención sobre la "escasa profusión del relato de hechos que se imputan" en el auto.

   Y es que "si alguien intervino supuestamente en todos" los hechos imputados "e incluso pudo beneficiarse, en su caso, de ello, esa persona pudo ser el hermano de mi representado, quien tenía contacto directo con Francisco Javier Guerrero por ser presidente del comité de empresa de ABB Power, donde se tramitó un ERE; siendo incluido en la póliza para su prejubilación".

FIANZA CIVIL "ABSOLUTAMENTE DESPROPORCIONADA"

   El abogado del exsindicalista, a continuación, se centra en la falta de motivación "concreta" del auto y critica que, en caso de producirse "alguna acusación, la pena en modo alguno es de la gravedad suficiente como para mantener 'sine die' su imputación en una causa que se antoja prolongada en el tiempo, sin perjuicio de afectar-modificar su situación para el supuesto de la aparición de nuevos datos, indicios o hechos relevantes".

   Respecto a la fianza de responsabilidad civil impuesta, ascendente a 119.887,47 euros, el letrado señala que "es absolutamente desproporcionada" a tenor "de su nula participación en los supuestos actos concretos de los que, en cualquier caso, no ha obtenido beneficio alguno y, sobre todo, por su situación económica".

   El imputado "carece en absoluto de bienes e ingresos suficientes para hacer frente a la suma exigida", dice, solicitando de manera subsidiaria que se proceda a una reducción "sustancial" de la fianza civil dado que su cliente "sólo obtiene la suma mensual de unos 1.300 euros, con enormes cargas derivadas de la hipoteca de su casa así como de embargos derivados de la ruina económica producida por su negocio".