Desde Vox El Puerto se instará al Gobierno de la nación, en el próximo Pleno Ordinario, a modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaría, ante la necesidad de dotar a los funcionarios de prisiones de la condición de Autoridad.

Para la formación “resulta ineludible abordar las necesidades y reivindicaciones del colectivo de trabajadores de los Centros Penitenciarios que, en España asciende a unas 23.000 personas, siendo más de 1.000 los que trabajan en El Puerto de Santa María. Un colectivo que desarrolla su labor profesional bajo constantes amenazas, agresiones, intentos de homicidio, asume riesgos extremos de enfermedades infectocontagiosas, que trabaja con delincuentes arriesgando su propia integridad y que, pese a ser un trabajo de indudable riesgo, actualmente sufre una alarmante falta de personal”.

Este colectivo “no está dotado de los necesarios medios materiales y legales que les doten de un adecuado estatuto de protección”, sostiene el partido en nota de prensa. 

“Hablamos de una plantilla insuficiente y envejecida, cuya tasa de reposición ha sido muy baja, lo que ha provocado que sea habitual encontrar establecimientos penitenciarios en los que la ratio sea tan solo de dos funcionarios por cada 140 internos. Esta falta de personal tiene una indudable repercusión en la merma de la seguridad, tanto de los propios trabajadores como de los internos”.

Por todo ello, desde Vox El Puerto “solicitamos que la Administración penitenciaria cuente con el personal  y los medios adecuados para el desempeño de sus funciones, que se dote a los funcionarios de prisiones de la condición de funcionarios públicos, que la selección y, en su caso, el ascenso de los funcionarios penitenciarios se ajuste a los mismos procedimientos establecidos en el Estatuto de la Función Pública, y que antes de iniciar su actividad profesional reciban una formación específica a sus necesidade”s.

“La introducción de esta reforma legislativa es tan solo el preámbulo de una modificación legal más completa y ambiciosa, en la que se apruebe un Estatuto propio de los funcionarios de prisiones, diferenciado del resto del personal de la Administración General del Estado, con el fin de recoger y regular adecuadamente sus singularidades propias”.