20 años después, la participación española en la guerra de Irak bajo el Gobierno del PP encabezado por José María Aznar
Los grupos de ERC y de EH-Bildu en el Congreso, junto al diputado del BNG Néstor Rego, han presentado una proposición no de ley con la que pretenden que la Cámara Baja aclare, 20 años después, la participación española en la guerra de Irak bajo el Gobierno del PP encabezado por José María Aznar.
Al mismo tiempo, los promotores de esta iniciativa han registrado otra petición para crear una comisión de investigación en el Congreso sobre el papel que desempeñó España en aquella invasión "ilegal e ilegítima", subrayan, que dio pie a una guerra de ocho años y ocasionó más de 300.000 muertes.
Hacen hincapié en que el Gobierno de Aznar "se implicó directamente" en el conflicto y remarcan que, dos décadas después, todavía no se ha logrado esclarecer cuáles fueron las "contraprestaciones" recibidas, y ello a pesar de "reiterados e infructuosos intentos" para conseguir explicaciones.
"Ha habido 20 años de ocultación absoluta en esta cuestión y el parlamento español no ha podido realizar ninguna averiguación, por ninguna vía, sobre motivos, consecuencias y resultados de la participación española en la guerra de Irak", explican en un comunicado.
Por ello, los grupos de ERC y de EH-Bildu han emprendido una doble iniciativa parlamentaria consistente en reclamar por un lado una comisión de investigación y por otro en plantear mediante una proposición de ley una comisión de evaluación sobre aquellos hechos.
Su idea es que el Congreso prepare en un plazo de nueve meses un informe detallado respecto a los aspectos políticos, militares, de ayuda oficial y comerciales de la participación española.
Y también que investigue "las responsabilidades políticas, éticas y económicas, así como las presuntas manipulaciones e irregularidades del Gobierno del PP del expresidente José María Aznar, en la invasión de Irak, la guerra y los crímenes de guerra, en el reparto del negocio de la reconstrucción, el saqueo de recursos y la asignación de los servicios estatales privatizados".