El Gobierno de Pedro Sánchez entra en funciones tras la celebración este 23 de julio de las elecciones generales y se mantendrá en esa condición hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo.

Esta circunstancia limita algunas de las decisiones que puede adoptar, según la denominada ley del Gobierno, que data de 1997 y que ha experimentado desde entonces diversas revisiones parciales.

De acuerdo con esa ley, el presidente del Gobierno no podrá proponer al rey la disolución del Parlamento, ni plantear la cuestión de confianza, ni elevar al monarca la convocatoria de un referéndum consultivo.

Tampoco podrá aprobar el Gobierno el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado ni presentar otros proyectos de ley al Congreso o al Senado.

Además, las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones.

La ley obliga al Ejecutivo saliente a facilitar el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos.

Determina expresamente que deberá abstenerse de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.

Pero con esas limitaciones, el Gobierno mantendrá sus poderes y seguirá habiendo reuniones del Consejo de Ministros todas las semanas.

No obstante, debido al periodo vacacional, será Sánchez quien decida cuántas semanas no reunirá a los miembros de su Gobierno durante el mes de agosto.

La previsión, según han informado a Efe fuentes del Gobierno, es que la última reunión del Consejo de Ministros antes de las vacaciones sea la de este martes, 25 de julio, y volverá a convocarse, previsiblemente, en la segunda quincena de agosto.