La dispar gestión de la orden judicial de impedir el 1-O acabó por minar la ya maltrecha confianza de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los Mossos y desembocó en el procesamiento por sedición del exjefe de la policía catalana Josep Lluís Trapero y la imputación de decenas de agentes por su pasividad o por las cargas de aquel día.

Tres días antes del 1-O, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tomaba las riendas de la ofensiva contra el referéndum suspendido por el Constitucional -que hasta entonces había dirigido la Fiscalía con una retahíla de instrucciones para atajar la consulta- y ordenaba a Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil que, de forma conjunta, impidieran abrir los locales del referéndum y requisaran el material electoral.

La jornada de la insólita votación, que según estimaciones de la Generalitat se saldó con más de un millar de heridos en las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, amaneció con centenares de colegios abarrotados de votantes, convocados por las entidades soberanistas para resistirse a la orden judicial.

Ante esa situación, la ejecución policial del auto del TSJC no pudo ser más divergente: los Mossos d'Esquadra precintaron cerca de 600 centros de votación que no oponían resistencia -la mayoría cerraron voluntariamente ante la presencia policial-, al interpretar que debían actuar con "proporcionalidad" para evitar desórdenes públicos, según comunicó por escrito el exjefe de la policía catalana Josep Lluís Trapero a la Fiscalía.

Por su parte, Diego Pérez de los Cobos, alto cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad que coordinaba el dispositivo policial contra el 1-O, mandó a los colegios a los antidisturbios de la Guardia Civil y la Policía Nacional -que días atrás habían enviado a Cataluña 20.000 efectivos-, cuando numerosos centros que los Mossos no habían precintado estaban ya atestados de ciudadanos dispuestos a proteger las urnas.

En cerca de un centenar de colegios, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad irrumpieron con mazas para reventar las entradas y cargaron con sus defensas para abrirse paso entre los votantes que se amontonaban para proteger las urnas, en una jornada en la que en algún caso dispararon pelotas de goma, prohibidas en Cataluña desde 2014.

A las puertas de las escuelas, no fueron pocas las escenas de tensión y el cruce de reproches entre agentes de los Mossos d'Esquadra y antidisturbios de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que se sentían "traicionados" porque la "pasividad" de la policía catalana les había obligado a actuar cuando los colegios estaban ya masivamente ocupados.

El papel policial durante la jornada de votación no era más que la culminación del desencuentro que la cúpula de los distintos cuerpos habían mantenido en semanas anteriores y que se había hecho patente desde la primera reunión del 12 de septiembre, a la que la Fiscalía convocó a Trapero y a los mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Guardia Urbana en Cataluña.

Diez días después, la Fiscalía decidía situar a Pérez de los Cobos al frente del operativo del 1-O, a lo que el entonces conseller de Interior, Joaquim Forn, reaccionó afirmando que los Mossos no aceptaban la dirección de un representante del Estado español, aunque la policía catalana siguió asistiendo a las reuniones de coordinación para impedir el referéndum.

La Junta de Seguridad que el expresidente catalán Carles Puigdemont convocó para el 28 de septiembre dejó nueva constancia de lo alejadas que estaban las posiciones de ambas partes: mientras la Secretaría de Estado exigía la suspensión del 1-O, el Govern se negaba a detener el referéndum y advertía de que los Mossos iban a priorizar la "convivencia" en el operativo.

El 1-O, que dejó escenas de largas colas pero también de numerosos manifestantes heridos a las puertas de los colegios, derivó en más de 300 denuncias que han dado pie a procesos judiciales en toda la geografía catalana, en los que por el momento están imputados más de 30 antidisturbios, 24 de ellos sólo en Barcelona.

Paralelamente, más de 70 agentes de los Mossos están siendo investigados por jueces de toda Cataluña a raíz de denuncias que les acusan de desobediencia a la autoridad judicial, por su pasividad a la hora de impedir el referéndum.

Peor parada ha resultado la que era la cúpula de la policía catalana durante el 1-O: Trapero, el exdirector del cuerpo Pere Soler y el exsecretario general de Interior César Puig están procesados por la Audiencia Nacional por los delitos de sedición y pertenencia a banda criminal, mientras que la intendente Teresa Laplana lo ha sido sólo el primero de esos delitos.

La Audiencia acusa a los exdirigentes de los Mossos d'Esquadra no sólo de pasividad ante la votación independentista, sino también de haber permitido el cerco de manifestantes en la sede de la consellería de Economía el 20 de septiembre pasado, cuando la Guardia Civil desplegaba una operación de registros y detenciones por orden del juez que investiga los preparativos del referéndum.

El papel de los Mossos el 1-O enrareció aún más su relación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, históricamente recelosos del protagonismo que la policía catalana adquiría en el ámbito de la seguridad en Cataluña, y con la judicatura.

Un año después, esos sectores coinciden en que la situación se esta normalizando tras la crisis abierta por el referéndum, y prueba de ello ha sido el reciente acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat para que los Mossos se integren en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), donde dispondrán de la presencia permanente de un agente.