La acusación popular ha lamentado el "cambio de criterio" de la Fiscalía en la causa abierta contra el juez Manuel Piñar por la presunta comisión de un delito de odio en redes sociales, después de que haya solicitado el sobreseimiento del caso, y ha pedido "rectificar esta postura" a la unidad de Delitos de odio y discriminación de la Fiscalía General del Estado.
Esta situación se produce unos días después de que el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada haya acordado la apertura de juicio oral contra el juez Piñar a raíz de supuestos comentarios despectivos hacia colectivos de migrantes y minorías étnicas a través de su cuenta de Facebook desde 2022, unas publicaciones que el magistrado, ya jubilado, negó en sede judicial.
El caso surge a raíz de una denuncia del abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, cuyo despacho ejerce acusación junto a la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional.
En el escrito remitido al fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de odio y discriminación, esta parte lamenta el "cambio injustificado y sorpresivo" del Ministerio Fiscal, cuyo recurso propició que se reabriera el caso contra el juez en 2023 y que ahora, coincidiendo con el cambio del fiscal de Delitos de odio en la provincia, ha pedido el archivo.
Esta acusación considera que la Fiscalía debe ser "congruente" en su labor y ha informado de ello al fiscal de Sala para someter "a su superior criterio la conveniencia de rectificar la postura del Ministerio Público, uniéndose a la acusación formulada por esta parte", según reza el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.
"Por cortesía profesional", también se han dirigido al fiscal responsable del caso, Jaime García-Torres Entrala, para trasladarle estas circunstancias, al no comprender "el cambio de criterio" y por ello reclaman al fiscal de Sala que "impulse este procedimiento de la forma más adecuada para la protección de los valores que tiene encomendada" esta unidad.
"PERSECUCIÓN"
El juzgado ya acordó el pasado diciembre el procesamiento por este asunto del juez Piñar, que en sede judicial negó la autoría de las publicaciones en Facebook y enmarcó esta denuncia en una "persecución" hacia su persona.
El caso fue reabierto por la Audiencia de Granada que, tras revisar el contenido de las publicaciones del juez que se recogen en la denuncia, sostuvo que algunas de ellas contienen "epítetos, calificativos o expresiones que se refieren de forma despectiva a ciertos grupos étnicos, razas o nacionales de ciertos países (gitanos, negros, moros, chinos), los cuales, en caso de haber tenido la necesaria trascendencia pública, pudieran comportar una incitación a la discriminación o al odio contra esos colectivos".
La acusación popular solicita que el magistrado sea condenado a 18 meses de prisión, multa de 6.600 euros e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
