La Junta de Andalucía se ha visto obligada a paralizar el protocolo puesto en marcha para la liquidación la Cámara de Comercio de Jaén debido al vacío legal existente sobre cómo ejecutarla y, sobre todo, la responsabilidad subsidiaria, según ha podido saber Viva.

La deuda que arrastra dicho organismo, de unos nueve millones de euros frente a trabajadores, proveedores, Seguridad Social y Hacienda, motivó la decisión del Ejecutivo andaluz de disolverlo, traspasando los servicios a las otras dos cámaras existentes en la provincia: Andújar y Linares.

Pero el plan de la Junta de liquidar la cámara de la capital se ha topado con varios escollos. El principal es el normativo. La Ley estatal en vigor contempla todo lo relativo a las cámaras de comercio sobre la responsabilidad de sus administradores, pero nada se regula sobre cómo debe articularse una hipotética disolución.

Las comunidades autónomas están adaptando la ley nacional. De hecho, el pasado julio, la Junta comunicó que enviaba al Parlamento el borrador del proyecto de nueva Ley de Cámaras de Andalucía, que sigue a la entrada en vigor en 2014 de la nueva legislación estatal. Entonces, el gobierno andaluz avanzó que dicho borrador "introduce la regulación detallada para el caso de una posible extinción de alguna de estas corporaciones".

Pero, al encontrarse dicha ley todavía en tramitación, la Junta se ha dado de bruces con un vacío legal que le impide certificar la liquidación de la Cámara de Jaén. Un impedimento que ha tratado de esquivar recabando informes técnicos que avalasen esa ejecución, algo que finalmente no le ha sido posible.

La intención del Gobierno andaluz es que los servicios camerales de Jaén pasen a ofrecerse desde Linares y Andújar. Según ha podido conocer este periódico, la segunda cámara se quedaría con Jaén y los pueblos más relevantes desde el punto de vista de su tejido empresarial, mientras que la primera pasaría a abarcar una parte de la provincia perfectamente definida.

Una división en la que la Junta ha encontrado un segundo obstáculo: en ambas cámaras existe un profundo malestar por las posibles consecuencias que dicha división les podría acarrear, ya que ésta podría convertirlas en responsables subsidiarias de las deudas que arrastra el órgano de Jaén.

Así, ante toda esta situación, el Gobierno andaluz ha decidido paralizar una propuesta de liquidación que ya ha estado a punto en varias ocasiones de elevar al Consejo de Gobierno, según ha podido saber este periódico, mientras estudia qué alternativa tomar para seguir adelante con una decisión que ya no parece tener vuelta atrás.

43 nóminas por cobrar, sin internet, sin calefacción...

Sin calefacción en invierno y sin aire acondicionado para el calor que ya asoma. Sin teléfono ni internet. Y echando mano de un generador externo de gasolina con el que tener corriente eléctrica, y que alimentan ellos mismos cada dos días.

En esas condiciones transcurre el día a día de los siete empleados que todavía resisten en la sede de la Cámara de Comercio de Jaén. Son los que más antigüedad acumulaban, pero también los que más tiempo llevan sin cobrar sus nóminas. Más de tres años en algún caso. Unas 43 nóminas pendientes.

"No todo el mundo sería capaz de soportarlo. Ellos tienen la suerte de que sus respectivas parejas sí trabajan, por lo que pueden seguir adelante", explica Mercedes Ballesteros, abogada que representa a los empleados.

"Ellos siguen yendo cada día a trabajar, a la espera de que la Junta se pronuncie y decida qué va a hacer con la Cámara. Pretenden liquidarla, pero hay un vacío legal. A las cámaras no se les puede aplicar la ley concursal. Hasta que eso se arregle, ellos no dejarán de ir a trabajar".

Mientras tanto, los siete trabajadores realizan las labores administrativas que el bajo flujo de empresarios que acude a la sede les exige, mientras esperan a que el Ejecutivo andaluz decida cómo extingue la Cámara.