La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha anunciado que quiere llevar al próximo pleno de mayo la propuesta de aprobación inicial de la modificación del PGOU para regular las viviendas de uso turístico en la ciudad, a la cual se incorporará una moratoria para que "durante un tiempo" no se puedan conceder licencias para este tipo de negocios y con ello "evitar llegar a un exceso, ordenar la oferta turística de la ciudad y propiciar que siga creciendo de forma sostenible y equilibrada".

Se trata de una medida "preventiva y con visión de futuro", ya que en Jerez "no hay tensión urbanística en este aspecto", según ha manifestado la alcaldesa.

Esta moratoria va a permitir "coger impulso" para promover el uso residencial en la ciudad y, de manera especial, en el casco histórico, como ha expresado María José García-Pelayo, que ha aclarado que esto "no significa que estemos en contra del turismo, sino todo lo contrario", afirmando que "queremos cuidar al turista y, por supuesto, cuidar a las jerezanas y a los jerezanos".

"La moratoria va a permitir prevenir situaciones que no queremos en un futuro, porque no hemos llegado, en ningún caso, al nivel de saturación o al nivel de tensión a las que han llegado otras ciudades españolas, no tenemos ese problema, y con esta moratoria estamos trasladando un mensaje de seriedad, de responsabilidad y sobre todo de querer evitar el problema al que hemos hecho referencia", ha argumentado.

Ventas forzosas para VPO

La segunda medida avanzada ha sido la inclusión, como criterio de adjudicación en las próximas ventas forzosas de fincas del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de la construcción de vivienda protegida por parte del adjudicatario, otorgando a las ofertas que se comprometan a este fin una mayor puntuación en la adjudicación de la finca objeto de licitación.

La decisión de incluir este criterio supone, a su juicio "una forma de sumarnos a la iniciativa que ha tenido la Junta de Andalucía de promover la vivienda protegida y una mayor viabilidad económica para promover su construcción", a través de la nueva normativa adoptada en su Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, que permite "fomentar la construcción de este tipo de residencial, aumentando la oferta de viviendas a precios asequibles y garantizando así la accesibilidad a las mismas".

Tal y como ha recordado, desde que se inició la actual legislatura se viene aplicando el sistema de concurso, en el que, además del criterio económico, se establecen otros criterios de adjudicación, como son el destino de la futura edificación de la finca al uso residencial, así como el de mayor número de viviendas de, al menos, dos dormitorios.

De esta forma, a la mayor oferta económica se le otorga 60 puntos; el compromiso del destino residencial de la futura edificación se puntúa con 20 puntos, otorgándose otros 20 puntos al oferente que se comprometa a construir un mayor número de viviendas de al menos dos dormitorios.