El Grupo Municipal Socialista muestra su satisfacción por la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que declara nulo el nombramiento del consejero delegado en la sociedad que gestiona Montes de Propios (Ememsa). Este fallo judicial supone, además, "un nuevo varapalo a las decisiones arbitrarias que está tomando en materia de personal y recursos humanos la señora Pelayo desde que asumió la Alcaldía y, de hecho, a lo largo de esta legislatura hasta tres instancias judiciales le han dicho que no respeta la legalidad vigente"; tal y como lo confirma la sentencia del TSJA sobre la aplicación del ERE “arbitrario y no ajustado a derecho”; la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso en el que se anula los nombramientos de altos cargos por “vulnerar los derechos fundamentales de las personas” y "en el caso que nos ocupa, la sentencia de la Audiencia Provincial en el que declara nulo el nombramiento realizado por el PP en el consejo de Ememsa al considerarlo fraude de ley” .

En esta sentencia, la Audiencia Provincial de Cádiz desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento tras la demanda  presentada por el Grupo Municipal Socialista, en la que se denunciaba la ilegalidad del nombramiento del consejero delegado de Ememsa y que el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz, con fecha del 31 de julio de 2012, declaró nulo.


El Grupo Municipal Socialista denunció fraude de ley en el otorgamiento de poderes en el nombramiento del nuevo consejero realizado por el PP  en la sociedad que gestiona los Montes de Propios y argumentaba que el PP llevó a cabo en solitario una modificación de los estatutos de esta sociedad para suprimir al gerente y crear la figura de “apoderado” retribuido, pese a no contar con el quórum necesario en el consejo de administración. 

Para ello,  "el PP recurrió a un fraude de ley utilizando la figura de poder que sólo se contempla su uso para causas muy específicas, otorgando de amplios poderes a un consejero del PP que en la práctica lo convierte en un apoderado de los Montes de Propios, vulnerando así la Ley de Sociedades de Capital que exige mayoría cualificada de dos tercios del consejo".

El PSOE expone que estos poderes "facultaban a este consejero a llevar a cabo actividades mercantiles de todo tipo, administrar los recursos y bienes de la empresa, gestión de personal  mediante  contrataciones, retribuciones, convenios, ceses y sanciones, entre otras muchas facultades, y todo esto dándose la circunstancia de que es una persona privada y  externa al Ayuntamiento que suplanta las funciones que son propias de los trabajadores y técnicos municipales y sin que medie ningún tipo de relación laboral con Ememsa".

Ante estas circunstancias, el Grupo Municipal Socialista exigió en la demanda el estricto cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital y denunció el "uso torticero de la figura legal del poder para salvar la exigencia de un quórum especial con el que el Partido Popular no contaba en el seno del consejo de administración de esta sociedad".

El Grupo Socialista asegura que la sentencia de la Audiencia Provincial "es un ejemplo más de cómo está actuando la señora Pelayo en esta ciudad, tomando decisiones al sin respetar la legalidad".