El Gobierno de Gibraltar hizo ayer un llamamiento a la colaboración ciudadana para que se alerte de la presencia “ilegal” de la Guardia Civil u otra autoridad española dentro de las aguas que reclama como propias, es decir, hasta las tres millas.

Este llamamiento inusual, difundido a través de un comunicado, aleja aún más el previsto viaje del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación español, Miguel Angel Moratinos, al Peñón el próximo día 21 para participar en una reunión del Foro de Diálogo sobre Gibraltar, y que supondría la primera visita de un jefe de la diplomacia española a este territorio.

El Ejecutivo de Peter Caruana señala en la nota que durante este pasado fin de semana se han repetido nuevas “invasiones” de la Guardia Civil en aguas gibraltareñas, por lo que recuerda a todos los usuarios de estas aguas que “ninguna” autoridad española tiene “autoridad para ejercer ningún tipo de jurisdicción en aguas territoriales gibraltareñas”. Así, advierten de que “debe rechazarse” cualquier petición hecha por autoridades españolas dentro de estas aguas ya sea para abordar embarcaciones, requerir documentación, hacer preguntas o para llevar a cabo cualquier actuación relacionada con el cumplimiento de la legislación, sobre todo en materia de pesca y medio ambiente.

A todos aquellos propietarios de embarcaciones que sean abordados de esta manera, el Gobierno de Gibraltar les pide que contacten “inmediatamente” por radio o teléfono con la Policía de Gibraltar, que coloquen una bandera de auxilio o lancen una bengala al aire para que la Policía y otra autoridad marítima del Peñón acuda a la zona.

El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, advirtió el pasado siete de julio en Madrid de que la celebración de la tercera reunión ministerial del Foro de Diálogo dependía de que se superase un nuevo “escollo” relacionado con la disputa existente sobre la soberanía de las aguas que rodean la Roca.

El “escollo” que según Caruana dificulta por el momento la celebración de un III encuentro ministerial del Foro es la polémica generada tras la decisión de España de incluir en una lista europea de hábitats naturales un entorno denominado Estrecho Oriental, que engloba las aguas que rodean al Peñón en su zona este y que integran un área que previamente Reino Unido registró como británica.

La Comisión Europea (CE), a instancias del Gobierno español, incluyó en esa lista el 12 de diciembre pasado este nuevo entorno que ocupa un total de 23.642 hectáreas y que engloba un hábitat que el Ejecutivo comunitario reconoció a Reino Unido en 2006 bajo la denominación de Aguas sureñas de Gibraltar. El Gobierno británico ya ha avanzado que no reconocerá este nuevo hábitat español.

Esta polémica está impidiendo, según Caruana, que las tres partes avancen hacia la consecución de un acuerdo sobre cooperación marítima con el fin de prevenir desastres medioambientales.

Los tres gobiernos estudiaban la posibilidad de que, en caso de accidente, los equipos de salvamento español actúen en aguas que Gibraltar reclama como británicas (hasta tres millas), sin que esto suponga que el Peñón y el Reino Unido renuncian a ejercer su jurisdicción sobre las mismas.

Este escollo se podría solventar, según dijo Caruana en Madrid, si las partes alcanzaran una “fórmula de palabras” que permita a las partes seguir colaborando a pesar de esta polémica y hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre el tema.

La nota emitida por el Gobierno de Gibraltar no es una señal de que las partes hayan avanzado en la búsqueda de una solución.