El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón al Ayuntamiento de Jerez en contra de la demanda planteada por los concejales del PP por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales en la asignación de asesores para los grupos municipales adoptada en Junta de Gobierno local en julio de 2019. El alto tribunal deja así sin efecto la sentencia emitida por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Jerez en enero de 2020 en favor de la demanda presentada por los populares y ya ejecutada el pasado mes de febrero, hasta el punto de que llevó al Gobierno local a dejar sin efecto el nombramiento de una asesora de Ciudadanos y otra de Adelante Jerez (Izquierda Unida).

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, defiende que “la decisión de la corporación no vulneró” el  derecho de participación política del grupo municipal del PP, “pues no afecta al núcleo de la función representativa”, entre ellas, las de “participar en la actividad de control del gobierno municipal, la de participar en las deliberaciones del Pleno de la corporación y la de votar en los asuntos sometidos a votación en este órgano, así como el derecho a obtener la información necesaria para poder ejercer las anteriores funciones. Ninguna de estas facultades se ve necesariamente comprometida como consecuencia” del acuerdo denunciado, “como tampoco lo sería la pérdida de la exclusividad: no les impide ejercer las funciones de control del gobierno, ni tampoco su plena participación en el Pleno”. Y añade que “ni siquiera se expone por el recurrente la concreta limitación que a su derecho de participación política provoca la propuesta de cese de dos asesores”.

La sentencia expone igualmente que “para apreciar la existencia de una vulneración de los derechos fundamentales de los representantes políticos es necesario que se haya producido una restricción ilegítima de los derechos y facultades que les reconocen las normas que resulten en cada caso de aplicación. Sin embargo, la vulneración del derecho fundamental no se produce con cualquier acto que infrinja el status jurídico aplicable al representante”.

Además, el ponente se remite a la “doctrina del Tribunal Constitucional”, en la que se recoge que “cualquier infracción del ordenamiento que afecte a la actividad de los grupos municipales, como es este caso, no implica per se, vulneración del contenido esencial del derecho fundamental. Y esto es lo que a juicio de este Tribunal ocurre en el caso de autos, en cuanto que el acuerdo adoptado no vulnera o impide el legítimo ejercicio de los derechos de participación de los concejales del PP. No se advierte en qué medida el derecho fundamental de participación del grupo recurrente se ve menoscabado en su ejercicio esencial y básico por el contenido del acuerdo recurrido”.

El delegado municipal de Urbanismo, José Antonio Díaz, lamentaba, a raíz de la sentencia, el empeño del PP, personalizado en su portavoz, Antonio Saldaña, por “judicializar la vida política”, y recordó que es el “segundo varapalo judicial” que recibe en una semana, después de la sentencia que desestimaba su recurso sobre la aprobación del presupuesto municipal de 2020. “Lamentamos que el señor Saldaña se haya dedicado a utilizar los juzgados como ataque político. Mientras nosotros trabajamos por el bien de la ciudad y los ciudadanos, él se limita a practicar esta política de tierra quemada, atacando para buscar el desprestigio continuo”.

Díaz, por otro lado, confirmó que desde la Alcaldía ya se le ha dado traslado de la sentencia a Ciudadanos y a Adelante Jerez, y ha asegurado que dará exacto cumplimiento de la misma restableciendo en sus cargos a las dos asesoras cesadas tras la ejecución inicial de la sentencia. “Nosotros cumplimos con la legalidad y actuamos de acuerdo a la ley, mientras que el PP quiere ganar en los despachos lo que no consiguió en las elecciones de 2019”.

Hay que recordar que el PP consiguió que la sentencia emitida por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Jerez sobre los asesores municipales fuese ejecutada en febrero pasado, casi doce meses después de que el fallo fuese dado a conocer, y pese a que se encontraba recurrido por el Ayuntamiento. De hecho, la propia alcaldesa, Mamen Sánchez, pidió al PP aguardar a conocer el dictamen del TSJA antes de proceder al cumplimiento de la sentencia inicial, caso de que le dieran la razón al Ayuntamiento, tal y como ha ocurrido finalmente, y para no tener que restablecer más tarde de nuevo la situación de los asesores, que es lo que hará ahora el ejecutivo local.

El PP recurrirá al Supremo

El Grupo Municipal Popular ha anunciado que, "con el máximo respeto a la decisión del TSJA", presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo al mantener que el acuerdo de nombramiento de asesores aprobado en la Junta de Gobierno Local del 18 de julio de 2019 fue "una clara discriminación política contra el PP".

Según los populares, "no tiene sentido ni justicia ninguna que el partido con mayor número de representantes de toda la oposición sea al que el Gobierno socialista, de forma claramente deliberada, otorgue el menor número de recursos".