Serán trabajadores sociales colegiados los que gestionen el nuevo fondo de ayuda europea destinado a personas desfavorecidas. Un fondo que supera los 560 millones de euros para el conjunto del país para los próximos cuatro años y cuyo anunció generó polémica por llevar aparejadas medidas de control para garantizar que la ayuda alimentaria llega a quien la necesita.

Los responsables del Colegio Profesional de Trabajo Social y el Banco de Alimentos han firmado un acuerdo para que los colegiados controlen el reparto del fondo de ayuda europea para personas desfavorecidas.

La inversión comunitaria lleva aparejada medidas de control que se traducen en condiciones que deben cumplir las entidades encargadas del reparto de alimentos y los propios beneficiarios de los mismos.

Los beneficiarios deberán presentar un certificado de exclusión social que demuestre que, efectivamente, necesitan esta ayuda y los colectivos solidarios no pueden limitarse a repartir alimentos. Tienen que asumir un trabajo adicional, que incluye estudiar la situación de cada familia y tratar sacarla de ella.

El presidente de Bancosol, Javier Peña, ha defendido las condiciones marcadas por la Unión Europea para acceder a las ayudas que, en el caso de Málaga, calcula, continuarán beneficiando a unas 50.000 personas.

Peña ha asegurado que el hecho de que sean profesionales del trabajo social los que se encarguen de seguir la situación de las familias favorecidas por estas ayudas es una garantía.