Un enfermero de 54 años ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a cinco años y seis meses de prisión por despojar de buena parte de su patrimonio a una anciana extranjera de 87 años, que acababa de perder a su marido y se había quedado sola en España. 

El procesado, que ha sido condenado por un delito continuado de apropiación indebida y tendrá que indemnizar a la perjudicada con 96.480 euros, conoció a la víctima en la clínica en la que trabajaba como enfermero y a la que ella acudía como paciente, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe. 

El tribunal considera probado que el acusado aprovechó para ejecutar "su acción depredadora no sólo de la ingenuidad de la víctima sino también y, sobre todo, de su especial vulnerabilidad en esos momentos", dado que se trataba de una extranjera de 87 años, que acababa de perder a su marido y que se había quedado sola.

El acusado ejecutó "un plan preconcebido" basándose en la confianza que existía entre ambos y la amistad que surgió tras conocerla en la clínica y al perder su marido le pidió que le otorgara a su favor poder para administrar sus bienes y le autorizara para acceder a sus cuentas bancarias, a lo que ella accedió con poder notarial. 

El acusado realizó cinco transferencias bancarias por un importe total de 78.700 euros a una cuenta de su hijo sin consentimiento ni conocimiento de la víctima y, posteriormente, extrajo de la cuenta de su hijo el dinero mediante talones bancarios como representante legal del mismo. 

"Guiado por su inagotable ánimo de lucro ilícito" se apoderó también de varios reintegros de la cuenta bancaria de la mujer, de un dinero que habían depositado unos compradores de una vivienda de la víctima en la localidad malagueña de Nerja en la notaría en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre renta de no residentes. 

Así como de 10.500 euros de un seguro de vida concertado por el marido de la víctima antes de fallecer. 

Durante el juicio la mujer explicó en una videoconferencia realizada con Bélgica cómo se ganó su confianza con la intención de quitarle su patrimonio sin su consentimiento ni conocimiento. 

La acusación particular, ejercida por el despacho Chicharro Abogados, pidió durante el juicio que se aplicara la agravante específica del artículo 250. 1 del Código Penal al superar el valor de la defraudación los 50.000 euros, pretensión que ha sido estimada por la Sala ya que en el supuesto caso el valor supera los 96.000 euros. 

El letrado Oscar Chicharro también solicitó y se ha estimado el agravante de abusos de relaciones personales existente entre la víctima y el defraudador ya que "se aprovechó para ejecutar su acción depredadora no sólo de su ingenuidad sino también y, sobre todo, de su especial vulnerabilidad", subraya el Tribunal. 

Chicharro ha asegurado a Efe que están satisfechos con la sentencia ya que se ha hecho justicia con una señora octogenaria sin familia, que paso de tener una buena situación económica a quedar prácticamente en la indigencia y ha destacado que el condenado ya había actuado de forma similar con otras persona especialmente vulnerables.