El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Málaga ha dictado una sentencia en la que estima parcialmente el recurso presentado por la familia de una mujer malagueña fallecida de cáncer, concediendo la cantidad de 51.000 euros en concepto de indemnización por negligencia debido al retraso y el error de diagnóstico.

La demanda fue presentada por los servicios jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente' en Málaga, a través del abogado Francisco Damián Vázquez, contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La sentencia no es firme, sino que, de hecho, este letrado ha presentado recurso, al considerar que la cuantía reconocida no repara el daño causado a sus familiares.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo reconoce la negligencia médica en el caso de esta paciente de 38 años, que el 29 de noviembre de 2011 acudió al Servicio de Urgencias del centro de salud de Nerja (Málaga), aquejada de dolor en el costado derecho de aproximadamente dos semanas de evolución, según han informado desde 'El Defensor del Paciente' en un comunicado.

Fue diagnosticada de 'costocondritis', recibiendo alta hospitalaria y prescribiéndole tratamiento antiinflamatorio. Tras acudir en dos ocasiones más al médico de cabecera, el día 13 de enero de 2012 le realizan una sola radiografía y el 27 acudió de nuevo a consulta al centro de salud de Nerja recomendándose relajante muscular.

El día 10 febrero de 2012, la paciente acudió "por enésima vez" al centro de salud por la persistencia del dolor costal derecho desde hacía dos meses, a pesar del tratamiento con antiinflamatorios y relajantes musculares, han relatado desde el colectivo, apuntando que posteriormente, acude a consulta Servicio de Traumatología por el dolor dorsal de tres meses de evolución, indicando incluso que se le irradiaba hacia delante.

El diagnóstico fue contractura muscular, prescribiéndole antibióticos e antiinflamatorios; mientras que el 28 de marzo acudió de nuevo a Traumatología del Hospital comarcal de la Axarquía "con el dolor más acentuado, siendo derivada a rehabilitación, donde le citan a su vez para fisioterapia". En este tiempo, el dolor fue aumentando "sin que los especialistas pidieran ninguna prueba diagnóstica más específica que la referida radiografía del mes de enero de 2012".

Según ha manifestado el letrado de la asociación 'El Defensor del Paciente' en su demanda, se hace solo una radiografía al inicio "y después jamás se repitió o se le solicitó una prueba diagnóstica más específica como una resonancia magnética". Tras esa "deficiente actuación sanitaria del SAS y falta de diagnóstico o de resolución adecuada", la mujer acudió en mayo a un médico privado "por el dolor en la columna dorsal que duraba ya más de siete meses".

Este médico privado primero ordenó una radiografía y después una resonancia magnética, que se realizó el 6 de junio de 2012, que dio como resultado el diagnóstico compatible con metástasis. Así, desde el colectivo de pacientes han indicado que "queda demostrado los continuos errores de diagnóstico, demora en el tiempo durante meses, y lo que no supo investigar el SAS y diagnosticar y tratar".

Han indicado que esta sentencia reconoce "mala praxis médica y funcionamiento anormal de la administración sanitaria". Posteriormente, "mal y tarde, en junio 2012", se le realizó gammagrafía ósea y fue intervenida por el Servicio de Traumatología del tumor vertebral, iniciando un tratamiento de radioterapia; aunque en diciembre de 2012, acude a consulta por un dolor idéntico al que tenía antes de la cirugía, además de la aparición de un pequeño bulto.

En ese momento, dice el colectivo, "se le debían haber practicado pruebas con carácter de urgencia, siendo esto otro claro ejemplo de la dejadez en atender a la paciente", apuntando que en enero de 2013 se le realiza una prueba "que informa de la aparición de una recidiva en la misma zona afectada" y en febrero se le realiza la intervención quirúrgica para la extirpación del tumor, falleciendo la mujer el día 1 de mayo de dicho año.

Así, la sentencia indica que "se produjo un retraso injustificado en el diagnóstico de la enfermedad", apuntando que la actuación de la sanidad pública "contrasta con la de un médico de atención primaria al que acudió la paciente por vía privada, quien ordenó la práctica de otra radiografía y, después, de una resonancia magnética nuclear, prueba esta que era la idónea para la detección de las tumoraciones y que permitió el diagnóstico".

"Se entiende que no se ordenara la resonancia en la primera visita, pero no se entiende que no se prescribiera cuando, seis meses después, la paciente continuaba con dolores intensos cuya etiología era desconocida", señala la resolución según 'El Defensor del Paciente', cuyo letrado respeta la sentencia pero "no comparte la cuantía reconocida por perdida de oportunidad, ante unos hechos tan claros".