"El suministro de drones a Rusia es una prueba del papel que juega Irán en la desestabilización de la seguridad mundial"
El gobierno de Australia anunció este sábado una nueva ronda de sanciones selectivas contra personas y entidades de Rusia e Irán por vulnerar los derechos humanos y sus vínculos con la guerra en Ucrania.
La ministra de Exteriores, Penny Wong, precisó en un comunicado que se impondrán sanciones económicas contra tres personas iraníes y una empresa involucrada en el suministro de drones a Rusia para su uso contra Ucrania, donde se han utilizado para atacar a civiles e infraestructura crítica.
"El suministro de drones a Rusia es una prueba del papel que juega Irán en la desestabilización de la seguridad mundial. Esta lista destaca que aquellos que brinden apoyo material a Rusia enfrentarán consecuencias", remarca Wong.
El gobierno de Camberra también anunció sanciones contra otros siete individuos vinculados a Moscú por participar en el intento de asesinato del líder opositor, Alexei Navalny, quien sobrevivió a un envenenamiento en agosto de 2020.
Mientras que otras las sanciones contra Teherán incluyen a la policía de la moral, fuerza que vigilaba la vestimenta de las personas y detenía sobre todo a las mujeres que no se cubrían de acuerdo con los códigos dictados por el sistema de la República Islámica, y la organización paramilitar Voluntarios Islámicos iraní (Basij).
Además de seis iraníes involucrados en la violenta represión de las protestas tras la muerte de Mahsa Amini, tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien colocado el velo, y la continua opresión del pueblo de Irán.
"Estas sanciones se dirigen a situaciones graves de derechos humanos en las que los perpetradores continúan actuando con impunidad", apunta el comunicado de Wong, que destaca el compromiso de Australia para que los sancionados "rindan cuentas".
Australia, uno de los países no miembro de la OTAN que más ha contribuido en la ayuda militar a Ucrania, ha adoptado numerosas medidas contra Rusia, entre ellas la imposición de cientos de sanciones a personas y entidades vinculadas al conflicto bélico, tras la invasión militar iniciada por Moscú el 24 de febrero.