La Fiscalía General del Estado prevé presentar ante el Tribunal Supremo las demandas de ilegalización del partido Askatasuna y de la plataforma electoral Demokrazia 3 Milioi (D3M) en la primera semana de febrero si encuentra indicios suficientes de su vinculación con ETA-Batasuna. 

Así lo indicaron ayer fuentes del Ministerio Público, que señalaron que la Fiscalía está a la espera de conocer los nombres de los candidatos que concurran en las listas de estas formaciones –lo que se denomina “elementos subjetivos”– para investigar su posible relación con la banda terrorista o con partidos ilegalizados anteriormente como HB-EH-Batasuna. 

Hasta tener esos nombres, la Fiscalía irá reuniendo diversos informes que ya ha solicitado a la Ertzaintza, la Policía y la Guardia Civil. 

El plazo para presentar las candidaturas a las elecciones vascas ante las juntas electorales comenzó en la jornada de ayer miércoles y finalizará el próximo lunes, día 26, según el calendario electoral.
Ese día, por tanto, se conocerán todos los partidos y agrupaciones que quieren presentarse a los comicios autonómicos. 

El día 28 se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) las candidaturas presentadas y una vez realizadas las correcciones oportunas se procederá a la proclamación de las mismas el lunes 2 de febrero y a su publicación en el Boletín al día siguiente, martes. 

A partir de ese momento, la Fiscalía deberá apurar los plazos para presentar sus demandas de ilegalización, para dar tiempo suficiente al Tribunal Supremo a resolver antes del comienzo de la campaña electoral, fijado para las cero horas del 13 de febrero. 

El día 9 el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, remitió un oficio al fiscal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para que pidiera a este órgano que tenga dispuestos todos los trámites por si fuera necesario comenzar el proceso de impugnación de alguna candidatura o lista electoral.

Rechazo general a las amenazas de ETA

Los partidos y los empresarios vascos reiteraron ayer su respaldo y compromiso con las obras de la alta velocidad ferroviaria en el País vasco, la llamada Y, tras las amenazas contra esta infraestructura vertidas por la banda terrorista ETA en su último comunicado. 

En él, la organización terrorista reivindicó el asesinato del empresario Ignacio Uría por su relación con la Y y amenazó también a los medios de comunicación, reivindicando la bomba contra la sede de la radiotelevisión vasca (EITB) de Bilbao.