La Audiencia Nacional juzga desde mañana a nueve presuntos integrantes de dos células islamistas, para quienes el fiscal pide entre 7 y 18 años de cárcel, por enviar mujahidines a Irak para cometer atentados suicidas, como el perpetrado en 2003 contra la sede de los Carabinieri en Nasiriya, en el que murieron 19 italianos.

Estas dos células fueron desarticuladas simultáneamente en Madrid y Cataluña en la operaciones Chacal y Camaleón desarrolladas en 2006, y, según el escrito de acusación de la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado, ambas “desarrollaban su actividad con plena independencia entre sí, pero bajo la común coordinación” del principal procesado, Omar Nakcha.

Este islamista supuestamente organizó y facilitó la huida a Irak desde Turquía y Siria a algunos de los autores del 11-M: Mohamed Belhadj, Daoud Ouhane, Mohamed Afalah y Abdelillah Hriz –condenado en Marruecos por su vinculación con los atentados de Madrid–.

Aunque Nakcha está considerado el líder de ambos grupos (por lo que se enfrenta a 12 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente), la fiscal pide la pena más elevada para Mohamed Mrabet Fashi (18 años), al que acusa, además de pertenencia, de un delito de inducción al suicidio con fines terroristas.

Mrabet Fashi, según la Fiscalía, “asumió el liderazgo” de la célula catalana, radicada en la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú, y se dedicó al adoctrinamiento y reclutamiento de jóvenes en torno a la mezquita de Al Furkan en esa localidad.

En concreto, Mrabet condujo al suicidio en Irak a Bellil Belgacem, el argelino que perpetró el atentado suicida contra la sede de Carabinieri, así como a Hassan Hssisni, autor de otra acción terrorista en ese país el 22 de enero de 2005.

Ambas células se dedicaban también a la obtención de fondos para Irak y para financiar las actividades del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) en Europa, para lo que disponían de un entramado económico con diferentes “negocios pantalla”.