La economía sumergida en la provincia de Cádiz tuvo un coste para las arcas públicas de 1.500 millones de euros solo en 2020. Esta es una de las principales conclusiones del estudio realizado por Vicente Ríos, profesor del Departamento de Economía, Gestión y Métodos Cuantitativos de la Universidad de Milán, para la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), con la colaboración de la Diputación Provincial.

Ríos, que ha analizado el periodo 1986-2020, ha detallado que, como consecuencia de la economía irregular, cada gaditano paga de media por los servicios públicos un sobrecoste de 1.200 euros. En caso de que la actividad aflorara, el PIB provincial se incrementaría entre un 4,14% y un máximo de 7,47%.

El autor del informe indica que el peso de la economía irregular en la provincia de Cádiz entre 1986 y 2020 es del 33,5% del PIB, y entre el 19,6% y el 24,7% si se observa a partir de 2006, antes de la crisis inmobiliaria.

Entre las causas más destacadas que explican este fenómeno, especialmente grave en la provincia y Andalucía, con casi el doble de porcentaje que en el conjunto nacional, apunta cuatro. En primer lugar, el volumen de efectivo en circulación, subrayando que, si el valor es mayor, es más probable que aumente la economía sumergida; en segundo, la presión fiscal: si es alta, crece el fraude.

Por otro lado, también se ha referido a la calidad de las instituciones (imparcialidad, baja corrupción, servicios públicos de calidad) que, si bien influye en menor medida, es determinante, así como la educación, entendida como compromiso cívico y tributario.

En el capítulo de recomendaciones, Ríos ha planteado, entre otras iniciativas, la necesidad de reforzar la formación, mejorar la información e incrementar el coste psicológico de mentir para fomentar el cumplimiento con las obligaciones, facilitar el pago electrónico, la simplificación fiscal y un mayor control físico para combatir el fraude.

El vicepresidente primero de la CEC, José Andrés Santos, que ha participado en la presentación del estudio, ha mostrado su rechazo a una práctica que ha tachado de "insolidaria", que crea "competencia injusta", produce quebranto económico a las administraciones públicas y "desprotege" a los trabajadores.

Finalmente, el vicepresidente primero de la Diputación y responsable del Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social, José María Román, ha celebrado la importancia de este análisis, realizado en el marco del acuerdo Dipuactiva 2020-2022, porque visibiliza "algo sobre lo que no se habla", y ha reclamado el compromiso institucional, pero también empresarial y laboral contra la economía sumergida, presente en los principales sectores productivos de la provincia, como la construcción, la hostelería y el comercio.