Durante décadas se ha considerado que
el síndrome de Asperger era considerado un trastorno mayoritariamente de hombres. El PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta en 2017 para que, dada “la masculinización del proceso diagnóstico”, el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, fomentara los estudios de TEA-Asperger con perspectiva de género y, en base a estos, modificara los criterios para adecuarlos a las distintas manifestaciones en las niñas y mujeres con el síndrome.
Las especifidades del transtorno en las mujeres han llevado tradicionalmente a un diagnóstico tardío o equivocado, confundiéndolo con TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) o anorexia.
“La mujer Asperger -señalaba la iniciativa socialista-, además de ser muy diferente de los hombres Asperger, es también muy diferente a sus compañeras de sexo, lo que fomenta su invisibilidad y vulnerabilidad desde las primeras etapas de su vida, la hace
víctima fácil del acoso y de los abusos desde muy temprana edad, los cuales se agravan especialmente durante la adolescencia y ya como mujer madura”.
Este es uno de los casos menos conocidos pero especialmente flagrante de
discriminación múltiple o interseccional. Hay más. Hace solo un par de meses, la diputada del grupo parlamentario Ciudadano Sara Giménez interrogó al Ejecutivo sobre qué recursos y acciones tien previstos el Gobierno para contar con una recopilación de datos adecuada sobre mujeres y niñas con discapacidad. El interés de la formación naranja es el desarrollo de una
Ley General de Igualdad de Trato y No Discriminación que contenga definiciones claras sobre qué situaciones son constitutivas de discriminación múltiple o interseccional. La al menos doble discriminación partiendo de la condición de mujer podría pasarse por alto si se adoptara únicamente la perspectiva del sexo como motivo de discriminación.
Pero un análisis detenido de la influencia del
origen racial o étnico, discapacidad, orientación sexual e identidad de género y hasta edad cambia radicalmente el panorama. Para hacernos una idea, las
mujeres con algún tipo de discapacidad solo firmaron en enero 291 contratos en la provincia; las mujeres sin discapacidad, 19.712. En relación con los hombres con discapacidad, las mujeres con las mismas condiciones tienen un diferencial mayor que las mujeres y los hombres sin discapacidad entre sí.
En el caso de la inmigración, la vulnerabilidad de las mujeres se debe a la
situación irregular que suele llevar aparejada su estancia en España, la deuda contraída para llegar a nuestro país y haber dejado a sus hijos en su país de origen, entre otras amenazas.
Las mujeres lesbianas, trans y bisexuales, por su parte, sufren la
discriminación machista, lesbófica, bifóbica y tránsfoba en su ámbito laboral, como ha denunciado reiteradamente la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtb) y han reclamado medidas e incentivos para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan la integración e inserción laboral de las personas trans, por estar en situación de especial indefensión. Con respecto a este último colectivo, se estima que
el 85% de las mujeres trans está desempleada.
La edad también perjudica doblemente a las mujeres.
El paro de larga duración les afecta más, especialmente a partir de los 45 años. En la provincia, la mitad de las mujeres en paro, 44.215 según los datos del Observatorio Argos correspondientes al mes de febrero, están en ese grupo de edad y de ellas, 41.111 lleva más de doce meses buscando un empleo.
