La Guardia Civil ha detenido a una vecina de El Prat de Llobregat (Barcelona) que presuntamente cometió más de mil delitos con teléfonos móviles con tarjetas falseadas, entre ellos llamadas a puertos y estaciones de tren para dar falsos avisos de bomba a nombre de Al Qaeda e injurias en Internet y medios de difusión.
Según ha informado este miércoles el Instituto Armado, la operación 'Llamaya' ha supuesto la detención de otras nueve personas y la imputación de cinco, propietarios de una decena de locutorios que activaban las tarjetas de telefonía de prepago a nombre de personas a quienes se les había usurpado la identidad y falseaban los contratos de adquisición con las operadores.
La detenida autora de las llamadas, de nacionalidad española, arrestada en tres ocasiones e imputada varias veces durante la investigación, cometió 1.083 delitos contra la seguridad colectiva como llamadas para dar falsos avisos de bomba, acusaciones y denuncias falsas, injurias a través de medios de difusión e Internet y simulaciones de delitos.
Hizo llamadas dando falsos avisos al Aeropuerto de El Prat de Barcelona, Granada, las estaciones de trenes de França y Sants en Barcelona, las estaciones de autobuses de Granada y de Guadix, los Ayuntamientos de Granada y de Almuñécar, el servicio de emergencias 112 Andalucía, y servicios de emergencia de la Guardia Civil de Barcelona.
Entre los falsos delitos denunciados por esta mujer están la imputación a terceras personas de delitos de violencia de género o desapariciones recientes, y por una de sus falsas amenazas tuvo que ser desalojado el Ayuntamiento de Granada.
64 LÍNEAS FRAUDULENTAS
En total, activó 64 líneas de teléfono distintas en diez locutorios de Barcelona, El Prat de Llobregat, Cornellà, Sant Joan Despí, Mataró y Premià de Mar --que fueron registrados-- con las que cometió delitos que han generado cuantiosos gastos para las arcas públicas y por los que hay cuatro querellantes y más de un centenar de víctimas.
La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona lleva investigando a esta mujer desde finales de 2012, al constatar numerosos delitos contra la seguridad colectiva que presuntamente habían sido cometidos por una misma persona.
A los otros nueve detenidos y cinco imputados, responsables de los locutorios, de nacionalidad pakistaní y marroquí, les atribuyen los delitos de usurpación de estado civil y falsificación de documento mercantil, por simular contratos de telefonía a partir de tarjetas de telefonía con identidades suplantadas que aportaba la mujer.
