El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha archivado la causa judicial que se seguía contra las personas que ocuparon la Azucarera de San Isidro, en la capital granadina, tras la retirada de la denuncia de la empresa propietaria, una vez que se marcharon de este inmueble el pasado 19 de diciembre.
Fuentes judiciales consultadas por Europa Press han indicado que, a principios de este mes de enero, la empresa presentó el escrito y la juez acordó el archivo de las actuaciones por lo que no ha tenido que celebrarse el juicio previsto inicialmente para este lunes por estos hechos.
Fue el pasado 19 de diciembre cuando estaba previsto el desalojo por orden judicial de un total de 42 personas de ocho familias, entre las que se encontraban 15 menores, que abandonaron de forma voluntaria la ocupación que mantenían de la Azucarera de San Isidro, en el barrio de Bobadilla de Granada.
Las fuentes consultadas han precisado que esta orden se activó después de que la empresa propietaria de la Azucarera presentara dos informes del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada en los que se declaraba en ruina el edificio en que se había producido la ocupación ilegal, y se argumentaba que presentaba "un riesgo cierto" de derrumbe.
Al haberse marchado antes de que se activara el dispositivo policial para el desalojo, los miembros de estas familias que eran investigados no pudieron ser identificados, con lo que tampoco habrían podido ser llamados a juicio, han precisado fuentes cercanas al caso.
Según confirmaron el 19 de diciembre fuentes municipales y de la Policía Local de Granada, a primera hora de la mañana las patrullas destinadas a proceder con el desalojo, que estaba previsto a las 9,00 horas, se personaron en el lugar, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), pero a su llegada comprobaron que estas personas ya habían abandonado la zona.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad sí detuvieron a una persona que no tenía nada que ver con las ocho familias okupas, que se encontraba durmiendo en la zona y que, tras ser identificada, se comprobó que tenía "una requisitoria judicial por un delito".
La concejal de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada Elisa Cabrerizo aseguró entonces a Europa Press que estas 42 personas se reubicaron voluntariamente esa misma madrugada "en casas de familiares, que les resultaba más seguro, para que las ocho familias no se separen".
