Izquierda Unida Cádiz Ciudad ha advertido que "todo siempre puede ir a peor si no se remedia" ante la huelga indefinida del servicio de autobuses urbanos e interurbanos entre Cádiz y San Fernando, que ya suma más de dos semanas de parálisis. "Lo más grave es que no se vislumbra salida alguna porque los responsables, la compañía Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca S.A. y los ayuntamientos implicados miran hacia otro lado". Por ello, desde IU Cádiz Ciudad han insistido en que "esta situación no es sólo un conflicto laboral, es un abandono institucional de un servicio público esencial del que dependen miles de personas cada día".

La organización ha subrayado que "la empresa concesionaria ha demostrado ser inflexible y desleal con su plantilla" porque "tras el rechazo masivo del preacuerdo por parte de los trabajadores, con 117 votos en contra y tan solo 26 a favor, la empresa se niega a retomar las negociaciones" debido a que "dice que no va a seguir negociando hasta que el comité de empresa resuelva temas internos, como es la sustitución por dimisión de uno de sus miembros". Desde IU Cádiz ciudad han remarcado que "la empresa debe asumir su responsabilidad y dar soluciones y no parapetarse en excusas injustificadas, dejando a Cádiz sin autobuses y a los trabajadores sin respuesta".

Desde Izquierda Unida Cádiz Ciudad han destacado que es "más grave aún el silencio cómplice de los equipos de gobierno de los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando". "Como titulares y responsables del servicio público, tienen el deber legal y moral de intervenir" y "no pueden escudarse en que 'no es el momento' de rescatar la concesión o esperar que el conflicto se resuelva solo o se encone", han lamentado antes de añadir que "cada día sin transporte público implica colas, retrasos, trabajadoras y trabajadores que no pueden llegar puntuales a sus puestos, personas sin alternativa de movilidad y barrios desconectados".

La formación ha afirmado que "las reivindicaciones de la plantilla no son caprichos: exigen condiciones laborales dignas tras años de precariedad, desorganización, falta de personal y una flota envejecida". "Reclaman lo mínimo que merece quien sostiene un servicio esencial y, mientras tanto, quienes deben garantizar ese servicio —ayuntamientos y empresa— han optado por la inacción", han concluido.