El Ayuntamiento de Sevilla, en su sesión plenaria celebrada este jueves, ha aprobado de forma definitiva la nueva Ordenanza Municipal de Actividades y Obras (OROA), con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo de PSOE y Con Podemos-IU. Esta medida, según el Consistorio, potenciará la colaboración público-privada con el objetivo de agilizar los trámites administrativos para el otorgamiento de licencias urbanísticas.
El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que con estas nuevas medidas se van a reducir plazos para conceder licencias, lo que va a conllevar un importante ahorro para la iniciativa privada, y se va a liberar al funcionariado de estos trámites administrativos. No obstante, el edil ha querido dejar claro que "las licencias las seguirá dando la Gerencia Municipal de Urbanismo y seguirá teniendo el control", en respuesta a las críticas vertidas desde la oposición.
Esta nueva reglamentación va a posibilitar que tanto colegios profesionales como Entidades Urbanísticas Certificadoras puedan emitir las certificaciones de adecuación urbanística de un proyecto. De este modo, se pretende lograr que el 100% de las aperturas de comercios y actividades se haga a través de la declaración responsable, eliminándose el trámite administrativo de la licencia de apertura, lo que supondrá la apertura inmediata de los establecimientos.
En relación con esto último, considera Con Podemos-IU que el hecho de que se pueda solicitar el inicio de una obra con una mera declaración responsable, "conlleva una necesidad de que tenga que potenciarse las labores de inspección; sin embargo, no se menciona nada sobre que se vayan a aportar más recursos a la Gerencia de Urbanismo para que se puedan realizar esas tareas", ha afirmado la portavoz adjunta de la coalición, Susana Hornillo.
Además, la también concejal de Podemos ha señalado que el Consejo Económico y Social de Sevilla "puso reparos" a esa cuestión, "entendiendo que la eficacia en la gestión no puede ser a costa de la cesión total a entidades externas, ya que se están hurtando las competencias al cuerpo de técnicos municipales para la elaboración de informes que tienen que ser necesariamente imparciales".
Vox ha esgrimido su foto favorable al entender que "todo intento de agilizar la densísima burocracia que hay en la Gerencia de Urbanismo tiene que ser positivo, y creemos que favorece a los intereses de nuestra ciudad". No obstante, el cocenjal Gonzalo García de Polavieja ha pedido al Gobierno local "que se marque un prudencial tiempo para ver efectivamente si esta ordenanza funciona o tiene algunas lagunas, así como para valorar la efectiva aplicación" del texto normativo.
Para el PSOE, "no puede servir --la ordenanza-- como camino, como objetivo de la agilización y simplificación, para, de alguna manera, privatizar servicios públicos, y que a todas luces corresponde a empleados municipales, en este caso de la Gerencia". "Basta con una lectura de la misma para comprobar que las entidades urbanísticas de certificación urbanística van a poder realizar funciones propias de los empleados municipales", ha criticado el concejal socialista Francisco Páez.
El nuevo documento profundiza en la Ventanilla Única (con la unificación definitiva de todos los procedimientos) y en la implantación de la administración electrónica. En el caso de los informes de adecuación urbanística, el promotor podrá elegir si lo realiza, como viene siendo habitual hasta ahora, a través de la administración, o por medio de un colegio profesional o Entidades Urbanísticas Certificadoras.
CCOO rechaza la "privatización encubierta" del urbanismo en la modificación de la ordenanza de obras
CCOO de Sevilla ha rechazado la "privatización encubierta" del urbanismo en la modificación de la ordenanza reguladora de obras y actividades (OROA). Para el secretario de Relaciones Institucionales de CCOO de Sevilla, Jorge Carlos Lebrón, esta reforma supone una "injerencia de intereses privados en los servicios públicos" que, "lejos de solucionar los problemas de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA), profundiza en la externalización de funciones esenciales, debilita los servicios públicos y pone en riesgo el interés general", señala el sindicato en una nota de prensa.
Según ha explicado Lebrón, la propuesta delega funciones clave en entidades privadas y colegios profesionales, permitiéndoles emitir certificados que hasta ahora eran responsabilidad exclusiva del personal técnico municipal: "Esta cesión, que no cuenta con las debidas garantías jurídicas ni de control, supone una privatización encubierta de potestades públicas, y abre la puerta a desigualdades, opacidad y conflictos de interés, además de tener un dictamen en contra del Consejo Económico y Social de Sevilla".
"El problema de fondo no es otro que la falta de personal y medios en la Gerencia de Urbanismo. En lugar de abordarlo con una política valiente de refuerzo del empleo público, el Ayuntamiento opta por soluciones fáciles que cargan el peso de la gestión en el sector privado, comprometiendo la calidad, la transparencia y la seguridad de las intervenciones urbanísticas en nuestra ciudad", ha añadido el dirigente sindical.
Por ello, CCOO exige un plan de refuerzo de la GUMA que apueste por "empleo estable y de calidad, una gestión eficiente y una planificación rigurosa": "No aceptamos que la solución pase por mercantilizar derechos o reducir la intervención pública a una mera comprobación documental", ha apuntado Lebrón.
