Hace apenas una semana el Ayuntamiento de Punta Umbría clausuró uno de los chiringuitos más conocidos de la localidad por exceso de ruido, ejecutando su cierre cautelar por las continuas quejas y denuncias vecinales que han terminado en una actuación judicial.

Existe una denuncia penalen el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Huelva formalizada por las Comunidades de Propietarios Canaleta Bloques 3 y 4 contra el propio establecimiento, advirtiendo de los reiterados incumplimientos de la normativa por parte de este, provocando una situación de unatirantez incesante entre los vecinos, el local y el municipio, saliendo a la luz a raíz de esto los permisos concedidos por las autoridades a este y otros chiringuitos a pie de playa, sin licencia alguna para su explotación.

Fruto de este procedimiento, el pasado seis de junio se dictó un Auto por el Juzgado donde se abrían diligencias penales contra Casa Diego, acordando la práctica, entre ellas, de la declaración en calidad de investigados del actual alcalde de Punta Umbría y su antecesora, por la gestión de los chiringuitos, al precisar que ello podría ser constitutivo de un posible delito de prevaricación administrativa continuada.

El local carecía de concesión alguna para el uso del dominio público marítimo terrestre y, por consiguiente, de licencia de apertura, siendo conocedores de ellos la Policía, Ayuntamiento y alcaldes que han intervenido durante el tiempo que se viene aprovechando el negocio, permitiendo desarrollar una actividad prohibida en terreno público.

La causa abierta contra Casa Diego, situado en la playa de la Canaleta, afecta no sólo a este sino a todos los chiringuitos del municipio, a excepción de un único local que posee cobertura legal, extrayéndose de un informe del arquitecto municipalfirmado en febrero del año 2021 que la situación de los chiringuitos es caótica y de compleja resolución, encontrándose desde entonces en funcionamiento sin las preceptivas licencias de apertura, motivo por el que se viene a citar a los alcaldes que han estado durante estos años como investigados el próximo 8 de octubre. De igual modo, se cita como investigado al propietario del chiringuito por la comisión de otra presunta actuación ilícita, esta contra el medio ambiente.

Consecuencia de ello, se han requisado otros equipos de sonido, precintado la música y suspendido actuaciones en directo en otros sitios, como ha sucedido, por ejemplo, en el Tabla Beach Club.

Veremos cómo se desarrolla y si se premia la legalidad por encima del turismo o no, pues es indudable el motor económico y papel primordial que ocupan los chiringuitos de playa en Punta Umbría, alzando la voz la Federación Onubense de Empresarios (FOE) en su defensa, alegando que es una actividad esencial, reclamando responsabilidad y equilibrio para el colectivo empresarial.