La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha informado este lunes en comisión parlamentaria sobre las "nuevas actuaciones" que está desarrollando el Gobierno andaluz para hacer frente al problema de los olores y la calidad del aire en la barriada Guadalquivir, en el municipio sevillano de Coria del Río. De este modo, ha anunciado la ampliación de la campaña de mediciones ambientales, con nuevas herramientas y tecnologías específicas tras más de dos meses de mediciones ya realizadas. El informe final se presentará en septiembre. El grupo parlamentario socialista ha acusado a la Junta de contar con "datos, informes, autos judiciales, sentencias, pruebas clínicas, testimonios vecinales" y decidir "construir un relato alternativo, negar, minimizar y eternizar los trámites". Por ello, ha pedido su dimisión.

En su intervención, García ha explicado que la Consejería está utilizando una nueva unidad móvil de medición de la calidad del aire equipada con sensores avanzados para detectar compuestos orgánicos volátiles y mercaptano, entre otros. Esta estación móvil fue instalada el pasado 12 de mayo y está registrando datos en continuo desde el día 15. Además, se están desarrollando análisis complementarios mediante sondas ambientales, analizadores portátiles y captadores difusivos en distintos puntos del municipio, lo que permite ampliar el radio de estudio más allá de la ubicación de la unidad móvil.

La consejera ha insistido en la importancia de la "transparencia" y el "rigor técnico" con los que la Junta de Andalucía está abordando este caso. "La población merece respuestas serias, basadas en datos. Por eso hemos reforzado los controles y redoblado los esfuerzos para encontrar soluciones sostenibles y seguras", ha agregado. Por eso, además de la continuación de la campaña actual, se han programado nuevas mediciones. Éstas consisten en la ampliación de las medidas con captadores difusivos de sulfuro de hidrógeno. Esta nueva fase de análisis permitirá decidir si se prolongan las mediciones y qué medidas se podrían adoptar en función de sus resultados.

El compromiso de la Junta, ha remarcado, incluye "mantener informada a la población y coordinar todos los esfuerzos con las administraciones implicadas". Catalina García ha repasado también la cronología de los hechos, que se remontan a denuncias vecinales iniciadas en 2015 y a la primera actuación municipal en 2018. Desde entonces, la Consejería ha intervenido con "numerosos estudios", análisis técnicos y revisiones de los proyectos de recuperación presentados por la empresa titular de la antigua estación de servicio.

Tras la declaración judicial de suelo contaminado en 2024 por el Ayuntamiento de Coria del Río, se archivó por parte de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente el proyecto de recuperación voluntaria que había solicitado la estación de servicio y se activó un nuevo marco de trabajo a través de la creación de un grupo técnico, que preside la propia consejera y que aglutina a todas las administraciones implicadas. "Fuimos nosotros quienes impulsamos la constitución del grupo de trabajo, tal y como mandataba el Parlamento andaluz", ha recordado.

El grupo de trabajo está formado por representantes del Ayuntamiento de Coria del Río, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Aljarafesa, Emasesa y diversas delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía, incluyendo las de Sostenibilidad, Salud, Industria y Agricultura. Al respecto, ha anunciado que, tras el verano, se volverá a convocar el grupo de trabajo para "compartir toda la información recabada" por todas las partes y, si ya se dispone entonces de los resultados de las mediciones, exponerlos con total transparencia para tomar las decisiones que procedan. "Porque entendemos que el diálogo, la coordinación y el acceso a la información son claves para afrontar esta situación con eficacia y con la confianza de todos".

Por parte del PSOE, el parlamentario Rafael Recio ha reprochado a la consejera que "mientras los técnicos medían y los laboratorios detectaban, la Administración optó por mirar para otro lado" en este caso. "Por mucho rigor y transparencia que digan que van a aplicar, cómo cuadra lo que ha dicho con la vivencia que han tenido los vecinos y con la cronología de los hechos". "Los vecinos de Coria del Río no piden rigor y transparencia ahora, ni compasión por su parte. Lo que están pidiendo es justicia porque no se la creen, ni creen lo que ha hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, tiene que entender que desde este grupo parlamentario estemos absolutamente legitimados para exigirle la dimisión", ha sentenciado.