La Audiencia Provincial de Sevilla acogerá este viernes día 28 de septiembre el inicio del juicio con jurado popular contra los cuatro acusados por el supuesto intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios del Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la escuela de hostelería de Mercasevilla, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

   En el juicio, se sentarán en el banquillo de los acusados el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet; su antiguo director adjunto, Daniel Ponce; el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos, para cada uno de los cuales la Fiscalía pide una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho.

   Las fuentes consultadas han señalado que el 28 de septiembre se constituirá el jurado y, previsiblemente, tendrán lugar las alegaciones previas, mientras que ya el día 1 de octubre comenzarán las declaraciones de los acusados. Está previsto que el juicio, que será presidido por el magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Ángel Márquez, se prolongue durante cuatro días.

   El juicio se celebrará después de que el magistrado presidente del jurado haya rechazado por dos veces la petición del abogado de Mellet para que se suspenda la vista, dado el recurso de amparo que aún debe resolver el Tribunal Constitución (TC) en cuanto a la nulidad o no de la grabación sonora de la que arrancó la investigación.

   Así, este recurso gira en torno a la querella formulada por la representación de Mellet por una posible "vulneración" del derecho a la intimidad al haber sido grabada sin el conocimiento o autorización de Mellet la conversación que sostiene la causa.

   Hay que recordar que el PP, como acusación popular, solicita un año de prisión, el pago de 3,6 millones de euros y 13 años de inhabilitación para Rivas y Mellet por delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Además, el PP pide una multa de 1.350.000 euros e inhabilitación durante tres años para Ponce y Pereira, a los que imputa únicamente un delito de cohecho.

LOS HECHOS

   Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el 18 de diciembre de 2007 el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la Fundación Socioasistencial de la sociedad mixta Mercasevilla, --participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa--, la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla y la empresa 'Alazar', perteneciente al grupo hostelero 'La Raza', suscribieron un protocolo en el que "ya se mencionaba" la creación de un centro de formación de hostelería en los suelos de Mercasevilla, dirigida entonces por Fernando Mellet.

   A tal efecto, y siempre según el relato de los hechos que figura en el escrito de acusación, Mellet solicitó el 1 de agosto de 2008 "formalmente" al Servicio Andaluz de Empleo una subvención para creación de esta escuela de hostelería. El 16 de diciembre de 2008, el presidente del SAE visaba la concesión de esta resolución por un importe de 900.000 euros.

   Es entonces, según este documento, cuando el otrora delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, "se pudo en contacto" con Fernando Mellet y "de común acuerdo", con el fin de obtener un lucro ilícito, decidieron exigir a los responsables del grupo Alazar una comisión o dádiva de al menos 300.000 euros a cambio de que fuera el grupo Alazar quien se encargara de la gestión y explotación del centro de formación". Daniel Ponce y María Regla Pereira, según el escrito de acusación, estaban "enterados de esta decisión y aceptaron colaborar" con Rivas y Mellet.

EL PRIMER ENCUENTRO

   Dado el caso, el 16 de enero de 2009, el entonces director adjunto de Mercasevilla Daniel Ponce celebró una reunión con el responsable del grupo 'La Raza' Pedro Sánchez Cuerda, actualmente presidente de la patronal hostelera de Sevilla.

   En tal encuentro, Ponce habría reclamado al empresario la entrega de 300.000 euros a cambio de la adjudicación de la gestión de la futura escuela de hostelería "so pretexto de que era 'una colaboración voluntaria con la Junta de Andalucía'", pidiendo otros 150.000 euros por los costes de la instalación eléctrica de la parcela que habría de albergar la futura escuela de hostelería. Regla Pereira, según la Fiscalía, habría asistido "parcialmente" al encuentro "reforzando la petición" de Ponce.

   Ya el 27 de enero de 2009, fue celebrado un segundo encuentro entre Sánchez Cuerda, su socio José Ignacio de Rojas, Ponce y Mellet, una reunión que fue grabada en secreto por los dos empresarios. En tal encuentro, Mellet y Ponce "insistieron en la petición de las candidades de dinero, reforzando su petición con el falso argumento de que lo pedido no era para ellos, sino para 'una colaboración con la Junta'".

   La grabación, finalmente, fue entregada por estos dos empresarios a la Consejería de Empleo, que elevó el material sonoro a la Fiscalía de Sevilla dando pie a las primeras diligencias correspondientes a la investigación promovida por el Juzgado de Instrucción número 6 en torno a la gestión del mercado central de abastos.
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