La asociación de mayoristas de pescado del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, ha manifestado su "respeto" al calendario de huelgas aprobado recientemente por la asamblea de trabajadores ante los numerosos conflictos laborales que sacuden a la empresa, sobre todo el desencadenado al promover la compañía la liberalización de los servicios que los trabajadores prestan en la lonja de pescado. El gremio de mayoristas de pescado señala que no comparte los paros técnicos, pero esperar encargarse de las tareas de descarga y facturación del género para que las movilizaciones "no repercutan" en las ventas y, por consiguiente, en los consumidores.

   Como se ha informado, la asamblea de trabajadores de esta sociedad mixta participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa ha acordado un calendario de huelga que arranca el 13 de noviembre para continuar al día siguiente con la huelga general convocada por CCOO y UGT, el 30 de noviembre y además el 1 de enero. A partir de la Navidad el paro técnico será sencillamente indefinido a menos que medien soluciones.

   Salvador López, presidente del gremio de mayoristas de pescado, ha manifestado al respecto, en declaraciones a Europa Press que este gremio respeta las movilizaciones aunque no las comparte. Salvador López, eso sí, ha pedido "garantías" para que los minoristas puedan acceder plenamente a las instalaciones y desarrollar su actividad si así lo desean porque los mayoristas de pescado esperan "seguir como cada día". "Nosotros nos encargaremos de la descarga y la facturación del pescado. Si no hay problemas, esto no tiene por qué repercutir en los consumidores", ha señalado.

LA LIBERALIZACIÓN DE SERVICIOS

   Como es sabido, la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, promueve la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja de pescado, extremo que afecta a un centenar de los 198 miembros de la plantilla.

   Esta iniciativa parte de un informe elaborado por Luis Enrique Flores, secretario general del Ayuntamiento y del consejo de administración de Mercasevilla, merced a los requerimientos de la Comisión Europea. Esta institución, según el Ayuntamiento, resolvió el 11 de agosto de 2011 incoar un expediente por un posible caso de "monopolio" en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado.

   Porque en junio de 2010, la directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla elevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un escrito sobre la supuesta "vulneración" de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de los servicios que el mercado central de abastos grava a estos empresarios por servicios como la facturación o el transporte y manipulación del género, todos ellos prestados a través de la plantilla de la propia sociedad mixta. Estos gravámenes fueron censurados por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución emitida en 2002 e incluso ratificada en 2006 por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN).

EL PRONUNCIAMIENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

   El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones, examinó el caso y concluyó que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" que pesa sobre los mayoristas de pescado de Mercasevilla "podría incidir en la libertad de establecimiento". Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa en las instituciones comunitarias, señalaba durante el debate plenario celebrado en junio de 2011 que estos cobros serían "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de libertad de empresa.

   Así, y merced a los "requerimientos", el pasado 7 de mayo el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe jurídico que concluye que los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla necesitan una "profunda revisión" y que los servicios a prestar "en régimen de monopolio" habrán de estar circunscritos exclusivamente a los servicios públicos o comunes, con lo que "el resto de servicios deben ser liberalizados". El comité de empresa, de su lado, defiende que no pesan resolución definitivas sobre este conflicto y que el mencionado informe fue elaborado expresamente para justificar esta operación.