El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha reclamado a la Administración autonómica los 24.750 euros que le "corresponden" como funcionario pese a estar suspendido cautelarmente desde el mes de enero de 2012 debido a su imputación judicial.

   El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha informado a Europa Press de que ha elevado un escrito ante la Junta de Andalucía en el que le reclama dicha cantidad, pues, según argumenta, la Ley estipula que todo funcionario suspendido cautelarmente "tendrá derecho a percibir el 75 por ciento de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias", algo que en su caso "no se ha producido" y que alcanza los 24.750 euros.

   En enero de 2012, la Junta acordó la "suspensión provisional de funciones" de Guerrero como funcionario "de manera simultánea a su reingreso al servicio activo" al entender que "aún cuando tiene derecho al reingreso al servicio activo, procede declararlo simultáneamente en suspensión provisional de funciones, dado que esta situación administrativa resulta una medida cautelar proporcionada a la naturaleza de los delitos que se le imputan y las circunstancias en que presuntamente se han cometido".

   De su lado, Guerrero defendió que su solicitud de reincorporación al cuerpo de funcionarios de la Administración andaluza --y en concreto al Servicio Andaluz de Empleo (SAE)-- "no es una chulería", sino "una necesidad perentoria" a cuenta de las dificultades económicas que sufre su familia.