El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha apoyado por unanimidad a los jornaleros afectados por las sanciones promovidas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), después de que las empresas Agrícola Espino y Baena Franco no abonasen a la Seguridad Social las cotizaciones relativas a sus contrataciones. Así, se solicita el levantamiento de las sanciones y la retirada de las acciones por vía "penal" emprendidas contra algunos de los jornaleros de Baena Franco.

Allá por 2015, recordémoslo, uno de los portavoces del colectivo explicaba a Europa Press que los afectados de este conflicto suman más de mil personas entre los jornaleros contratados por Agrícola Espino y los contratados por Baena Franco.

Estas personas trabajaron como jornaleros para las empresas Agrícola Espino y Baena Franco, en el marco de las actuaciones relacionadas con el Programa de Fomento de Empleo Agrario y Rural (Pfoea), el antiguo PER (Plan de Empleo Rural).

El Servicio Público de Empleo Estatal, según exponía, habría descubierto que ambas empresas habrían omitido el pago de las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social por la contratación de estos trabajadores agrícolas. "Los trabajadores cobraban, pero desconocían que el empresario no pagaba las cotizaciones a la Seguridad Social", explicaba este portavoz.

En ese sentido, relataba que el SEPE, "sin previo aviso y sin audiencia", emprendió "sanciones de entre 2.500 y 3.000 euros" contra estos trabajadores, reclamándoles la devolución de los prestaciones conectadas con sus contrataciones, con lo que algunos jornaleros afrontan un desembolso de hasta 18.000 euros. "Es un atropello legal", avisaba manifestado que el Servicio Público de Empleo Estatal ha dado simplemente por sentado que los trabajadores estaban "en connivencia con el empresario".

El pleno de la Diputación de Sevilla ha tratado por segunda vez este asunto a través de una moción promovida al respecto por el diputado de Participa Sevilla, Julián Moreno, exponiendo que lejos de mejorar, el conflicto ha "empeorado". Y es que "aparte de las sanciones, a un grupo de trabajadores de Baena Franco se les abre la vía Penal, con peticiones de prisión de seis meses a tres años y la imposibilidad de solicitar prestaciones hasta en ocho años".

Dado el caso, la moción promovida por Participa Sevilla y aprobada por unanimidad apoya a este colectivo de trabajadores, solicitando "la retirada de la acusación Penal y el levantamiento de las sanciones".