Los dos grandes problemas a los que se enfrenta el sistema educativo de titularidad pública son: A) La progresiva reducción de las unidades y centros públicos. B) La enorme inestabilidad de las plantillas docentes en muchos centros públicos.

La progresiva desaparición, en muchas grandes ciudades, de la educación pública está provocada por la reducción de la población a escolarizar y, a su pesar, el mantenimiento de las ratios que desde 1990 se establecieron.  Evitarla no sólo es posible, sino imprescindible, planificando una única red de centros educativos de titularidad pública.  En este sentido los centros privados concertados se integrarían en esa única red de centros, mediante la absorción del profesorado que actualmente está contratado fijo y la oferta de incorporación a bolsas de empleo al profesorado eventual en calidad de interinidad. En cuanto a los edificios privados se producirá la valoración y establecimiento de un justiprecio de mercado. Si la patronal de un centro privado o varios no acepta el ofrecimiento dejaría de ser concertado y actuaría en el mercado como centro privado. Esta unificación de las redes públicas y concertadas en una única de titularidad pública resolvería las confrontaciones que desde hace décadas se vienen manifestando entre ellas, daría mayor seguridad jurídica a la ciudadanía como usuarios,  aumentando  su esfera de participación en la gestión de los centros públicos, garantizaría idearios de centros respetuosos con la constitución evitando adoctrinamientos y resolvería la fraudulenta contratación a dedo de la privada concertada que se paga con dineros públicos.

El otro reto pasa por garantizar la estabilidad del personal docente. En la actualidad el índice de permanencia del profesorado en muchos centros educativos tiene de media un año y 3 meses. Esto supone que cada profesor (de media) está en cada uno de esos centros un curso escolar y medio. Las enormes consecuencias negativas de esta falta de estabilidad se relacionan directamente con la imposibilidad de que esos centros puedan desarrollar sus proyectos educativos. Su organización escolar está sujeta a continuos cambios y sobre todo la información que aportan familias, alumnado y profesorado y que conforman la memoria de los centros, desaparece constantemente. Sobre todo cuando en procesos educativos de larga duración se precisa conocimientos sobre las relaciones interpersonales y estabilidad para gestionarlos.

Por otro lado la experiencia profesional es la mejor formación que se obtiene, ya que la práctica permite su análisis y se producen constantes aprendizajes para superar errores o mejorar buenas prácticas. Sin estabilidad esta riqueza, que conforma el patrimonio de los proyectos educativos se desvanece. Y ello por una errónea política de recursos humanos. Esta inestabilidad está directamente provocada por una grave confusión entre el acceso a los puestos de trabajo y el acceso a los cuerpos de funcionarios. Hoy día el acceso a los cuerpos de funcionarios poco o nada tiene que ver con el desempeño de puestos de trabajo, ya que estos vienen siendo ejercidos con independencia de su pertenencia o no a un cuerpo docente. Y sin embargo las convocatorias de Oposiciones para alimentar los cuerpos docentes provocan la enorme inestabilidad de las plantillas docentes. La solución pasa porque los sistemas selectivos se apliquen al acceso al desempeño de un puesto de trabajo y posteriormente por procedimientos meritocráticos se pueda acceder a los cuerpos docentes. La entrada en el ejercicio de la función docente en la administración pública tiene que garantizar publicidad y merito. La capacidad se adquirirá mediante el ejercicio profesional y la formación consecuente. Si la capacitación para la docencia se adquiere en el ejercicio, no tiene ningún sentido positivo el prescindir de docentes que llevan años trabajando y formándose para ser sustituidos por otros docentes, aspirantes a conseguir esa capacitación.

Por ello se propone una única forma de acceso mediante una sola convocatoria para acceder a puestos de trabajo. No se ofrecen puestos de trabajos definidos sino la posibilidad de ejercerlos una vez aprobado el sistema de acceso que se fije. De esta forma se conforman bolsas de docentes que pasan a formar parte de la administración pública y que serán contratados laboralmente hasta que voluntariamente puedan acceder a los cuerpos correspondientes.

Fdo Rafael Fenoy Rico