La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que el exministro Eduardo Zaplana se lucró de forma directa e indirecta -a través de empresas pantalla- de una operación inmobiliaria en la que pidió la colaboración del entonces presidente de Bancaja, José Luis Olivas.

Todo ello consta un informe aportado al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga en el marco del caso Erial el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de las ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana, así como todo un entramado societario para la repatriación e inversiones de esos fondos supuestamente ilícitos.

La UCO recoge el testimonio del que fue director territorial de Bancaja en la Comunidad de Madrid y Castilla la Mancha entre 2005 y 2011, quien aseguró a los agentes que recibió la llamada del presidente de la entidad, José Luis Olivas, para que atendiese a Zaplana.

Éste le pidió un "esfuerzo" para materializar una operación de refinanciación del grupo empresarial Provimola que finalmente Bancaja acometió mediante la compra de activos, concretamente inmuebles en Ibiza, por unos 100 millones de euros.

Este testigo dice que Zaplana se interesó en esta operación y que lo supo porque le llamó el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, y le pidió que atendiese a Zaplana. Le recibió y mantuvo varias reuniones con él, y en todas ellas se interesó por la citada refinanciación.

En sus declaraciones, este directivo cree que la relación entre Zaplana y Carlos Gutiérrez, propietario de Provimola, "era de amistad", aunque "no lo puede asegurar, y que desconoce si Zaplana tenía interés económico en la referida operación".

En esta operación, según ha explicado a los investigadores el exdirectivo de Bancaja, "se hicieron excepciones, porque en otras operaciones Bancaja mantuvo posiciones más rígidas y restrictivas".

"Esas excepciones fueron principalmente la obtención de liquidez por parte de Provimola, que fue de unos 3 millones de euros, a través de varios cheques nominativos", según este testigo.

Es decir, que el beneficio líquido obtenido por la firma a la que Zaplana ayudó fue cercano a los 3 millones de euros, y esos fondos se repartieron en varios cheques, de forma que la cuenta se quedó sin saldo y se canceló.

La Guardia Civil apunta la "aparente relación" de Eduardo Zaplana con varios de esos cheques, pues uno de ellos se emitió a nombre de una empresa de su propiedad por 75.000 euros.

Además, una firma beneficiaria de esta operación asumió el pago de varias embarcaciones de recreo para Zaplana, y otra varios vuelos internacionales.

En definitiva, sostiene la Guardia Civil que las empresas destinatarias de esos fondos "podrían haber utilizado los mismos para soportar gatos generados por el propio Zaplana, como el pago de alquileres de embarcaciones o aviones privados".

De todo este operativo la Guardia Civil cree que estaba al corriente el abogado uruguayo Fernando Belhot, considerado testaferro de Zaplana que ha colaborado con la Fiscalía Anticorrupción, puesto que hay constancia de que mantuvo reuniones con Zaplana y Gutiérrez en el Hotel Wellington de Madrid y se le incautaron anotaciones y conversaciones de Whatsapp sobre el asunto.