El pulso entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz por la legalidad de los kioscos construidos en La Caleta y los Jardines de Varela parece que no ha hecho más que empezar. El equipo de Gobierno local anunció ayer su intención de no dar su brazo a torcer en este litigio, informando que renuncia a anular la licencia otorgada para ejecutar ambos establecimientos. Rechaza así la petición planteada por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio el pasado 22 de agosto. El Consistorio no ha agotado ni siquiera el plazo de tres meses concedido por el delegado provincial del ramo, Gabriel Almagro, para revisar de oficio el citado procedimiento. Por contra, adelanta que las actuaciones se van a quedar tal y como están. Y para ello, ya ha redactado y remitido a la Administración autonómica los informes, tanto técnicos como jurídicos, relacionados con estas instalaciones hosteleras. En estos documentos el Ayuntamiento expone los motivos por los cuales entiende que los proyectos se ajustan al planeamiento urbanístico vigente y, en consecuencia, que no deben sufrir ningún tipo de alteración.
Diferente interpretación El eje central de la defensa municipal radica en la diferente lectura del PGOU que se ha seguido como argumentación por unos y por otros. Según el Ejecutivo local, la Junta de Andalucía basa su posición para intervenir contra los kioscos en el artículo 3.4.2, que los considera como “pequeñas tiendas de chucherías o helados”. Sin embargo, los responsables municipales se aferran a los apartados 3.5.3 y 3.1.8 para poner en marcha los expedientes administrativos. A este respecto, el Consistorio sostiene que ambos puntos permiten “el uso de bares y restaurantes”. De este modo, los edificios levantados en La Caleta y Varela pertenecerían al “uso global de equipamiento en su categoría dotacional” y, dentro de ello, a la “actividad de ocio y relación”. En este sentido, el Ayuntamiento subraya que en el caso del de La Viña se prevén muestras culturales tales como conciertos, recital de poesías, cuentacuentos, títeres, o cualquier otro espectáculo o conferencia que “sirva para incentivar a los usuarios y a la propia ciudad”. Unos requisitos que, por otro lado, ya se especificaban en el pliego de condiciones que regulaba la concesión.
Igual que en otros municipios Igualmente, el Gobierno local se agarra también a los dos artículos anteriormente mencionados para justificar las dimensiones de estos establecimientos, que superan ampliamente los 20 metros cuadrados permitidos por el PGOU. Para ello, apela a la existencia de “otros espacios más protegidos” en principio por la normativa, como jardines o playas, donde existen instalaciones de estas características, llegando incluso a alcanzar los 150 metros cuadrados. “Esta fórmula, que es además empleada por otras localidades como Jerez, El Puerto de Santa María o Chiclana, es la que los técnicos municipales han venido interpretando hasta ahora”, agrega. Por último, el Consistorio recuerda que desde que está en vigor el PGOU --“aquél que aprobaron los socialistas en su último mandato”-- ha venido autorizando diversos bares que no cumplirían con la interpretación de la Junta sobre construcciones en espacios libres. Entre ellos, destaca el kiosco de Ingeniero de la Cierva, la Oficina de Turismo de Canalejas, la estación del catamarán, el local del Anfiteatro, el Club Viento de Levante o el puesto de la Cruz Roja en Cortadura.
